El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto por el que se otorgan facilidades administrativas y estímulos para la regularización de autos usados procedentes del extranjero, es decir, la legalización de los “autos chocolate”.
Al respecto, la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores (AMDA), publicó en su cuenta de twitter que es “lamentable y sorpresiva publicación vespertina del decreto para la regularización de vehículos usados extranjeros sin tomar en cuenta a los distribuidores de automotores como se comprometió el Presidente, Andrés Manuel López Obrador”.
El presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales, aseguró que “el compromiso expresado por el propio presidente fue entablar un diálogo con el sector automotor; fue una sorpresa el decreto y no se cumplió con lo prometido”, acusó en entrevista radiofónica.
Agregó que en los últimos meses se ha incrementado el flujo de contrabando – de autos – sin que haya ningún acción contundente del gobierno para evitarlo”. La AMDA agrupa a 2 mil 500 distribuidores y 42 marcas de vehículos ligeros y pesados.
Rosales abundó que además del Ejecutivo, el secretario de Gobernación, Adán López y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se comprometieron a tomar en cuenta en este proceso a los agremiados de la AMDA.
Se buscaba elaborar “un instrumento de regularización que permitiera cumplir la promesa presidencial de regularización, pero al mismo tiempo sin impactos económicos para la sociedad que sí cumple con sus obligaciones fiscales; pero esto no fue satisfecho”, expuso.
Reiteró que el decreto fue “una sorpresa; no se cumplió con lo comprometido”, aunado que en un inició el gobierno federal sólo tenía la intención de regularizar los autos en los estados fronterizos, más Baja California Sur.
Sin embargo resaltó que en el decreto se sumaron Michoacán y Nayarit, “derivado de compromisos políticos expresados en esas dos entidades federativas; además de Durango, donde habrá elecciones estatales.
“Curiosamente este año, Durango elegirá gobernador, creo que hay una connotación claramente electorera en esa decisión”, aseguró el directivo de la AMDA.
Rosales destacó que además “existe una laguna muy amplia” que pone en riesgo el compromiso de que solamente se regularicen los dos millones de vehículos que se encontraban en territorio mexicano hasta el 19 de octubre de 2021.
Lo anterior, porque “no existe un esquema formal que haya sido ya implementado por el gobierno federal que impidiera la entrada de más vehículos”, por lo que la cifra pudiera ser superior a los dos millones de vehículos.
Abundó que entre junio del 2021, – cuando el gobierno federal dio a conocer la posibilidad de legalización - a la fecha, se incrementó el flujo de contrabando sin que haya ninguna acción contundente por parte del gobierno federal para evitarlo”, señaló el presidente ejecutivo de la AMDA.
Los estados beneficiados en donde será vigente este decreto son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, y no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país.
El decreto, señala que los vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá, podrán ser importados definitivamente sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, ni inscripción en el Padrón de Importadores.
Esto, siempre y cuando el vehículo se haya encontrado al 19 de octubre de 2021 en el territorio de alguna de las 10 entidades de la República mencionadas y no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país.
El propietario que realice la importación sea persona física, mayor de edad y residente en alguno de esos estados y se cubra un aprovechamiento de dos mil 500 pesos.
Además, se delimitó un solo vehículo por persona y no podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que por sus características o aspectos técnicos, esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México.
Tal es el caso de vehículos de lujo, deportivos o blindados; así como aquellos que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables.
De igual forma, aquellos automotores que hayan sido reportados como robados, o se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.
El decreto establece que los ingresos que se obtengan por la regularización de estos vehículos usados serán destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “preferentemente” para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados.
lemm.