La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) inició la evaluación de recursos legales contra el “sorpresivo” decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que permite la legalización alrededor de dos millones de autos “chocolate” en 10 estados de la República.
El presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales, expuso que no descartan ninguna de las acciones que el marco constitucional brinda “en el legítimo derecho de defender nuestros intereses”.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el miércoles se publicó el decreto que otorga facilidades administrativas y estímulos para la regularización de autos usados procedentes del extranjero; es decir, la legalización de autos “chocolate”.
“Una vez que se publicó el decreto fue turnado a nuestros asesores legales para que hagan una revisión puntual y nos entreguen un dictamen respecto de la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal”, advirtió.
Rosales indicó que por el momento aún no se conoce a detalle las afectaciones económicas que tendría la regularización de, por lo menos, dos millones de autos introducidos al país de manera ilegal.
Indicó que las consecuencias negativas van más allá de las económicas, toda vez que hay otros “valores fundamentales” como lo es la afectación al medio ambiente y la seguridad de los usuarios, ya que no cumplen con las condiciones mínimas para circular bajo esquemas de seguridad.
Rosales aseguró que “el compromiso expresado por el propio Presidente fue entablar un diálogo con el sector automotor; fue una sorpresa el decreto y no se cumplió con lo prometido”, acusó en entrevista radiofónica.
Abundó que, además del Ejecutivo, los secretarios de Gobernación, Adán López, y de Economía, Tatiana Clouthier, se comprometieron a tomar en cuenta en este proceso a los agremiados de la AMDA.
Se buscaba elaborar “un instrumento de regularización que permitiera cumplir la promesa presidencial de regularización, pero al mismo tiempo sin impactos económicos para la sociedad que sí cumple con sus obligaciones fiscales; pero esto no fue satisfecho”, expuso.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) advirtió que el decreto, ahuyentará la inversión productiva y pegará de manera directa a la venta de autos usados de fabricación nacional y a cierto sector de unidades nuevas.
El presidente ejecutivo de la AMIA, José Zozaya, opinó que con este decreto se legaliza lo ilegal, y con ello se ahuyenta la inversión legal y productiva en el país, “no va a ayudar a la atracción de inversiones extranjeras, que pudieran pensar en México no es un buen momento para tomar una medida de este tipo”.
En el evento de la agencia Fitch “Perspectiva México 2022”, el representante de la industria automotriz advirtió que el decreto del Ejecutivo afectará directamente la venta de autos usados, fabricados legalmente en México, ya que es probable que bajen su precio, lo que provocará una caída en la inversión en este segmento.
“Se hablan de números que no conocemos porque son introducidos ilegalmente al país, pero se hablan hasta de medio millón de autos, cuando la venta anual de autos nuevos en 2021 en el mercado nacional fue de casi un millón”, añadió.
Ante la incertidumbre económica actual, afirmó Zozaya, mucha gente decidirá comprar autos usados importados que son “chatarra”, sin estar sujetos a revisión técnica o de contaminación, y decidirá no comprar uno nuevo de bajo precio para ahorrarse dinero con ello.
- El dato: El sector automotriz contribuye con casi 4.0 por ciento del PIB nacional y es el principal generador de divisas, por arriba del envío de remesas y de la actividad turística.
MONREAL RECLAMA
El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, reclamó al Gobierno federal que este estado sea incluido en el decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera.
“Aparece la publicación del decreto, en donde no se contempla al estado de Zacatecas y por eso estoy formalizando para que Zacatecas, que tiene la condición de migrante, que tiene un gran padrón vehicular de procedencia extranjera” sea integrado en el decreto, refirió.
En el decreto se estipula que los ingresos que se obtengan “serán destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preferentemente para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio del importador”.
