El aumento en el gasto en programas sociales en México evitó que otros 2.5 millones de personas cayeran en la pobreza a causa de la pandemia de COVID-19, destacó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La economista sénior del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Swarnali Ahmed Hannan, señaló que México ha sufrido durante mucho tiempo una alta pobreza y exclusión social y probablemente la pandemia ha exacerbado estos problemas.
Sin embargo, un aumento en el gasto en programas sociales ayudó a disminuir el impacto negativo en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza, añadió en el reporte del FMI “Fomentando la inclusión en México”.
Señaló que el Gobierno de México ya había presupuestado aumentos en el gasto del programa social en 2020 antes de la pandemia.
Además, el Gobierno respondió a la pandemia aumentando el gasto en salud y el apoyo presupuestario directo a los hogares y las empresas en un 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una cantidad modesta en comparación con otras economías de mercados emergentes.
“Nuestro análisis a nivel estatal sugiere que los aumentos del gasto en programas sociales en 2020 mitigaron, en cierta medida, el impacto negativo de la pandemia en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza laboral (el porcentaje de población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria)”, agregó.
Sin embargo, acotó el organismo financiero internacional, las vulnerabilidades sociales en México aumentaron con la pandemia.
La tasa de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento entre 2018 y 2020, mientras que los que carecen de acceso a servicios de salud se dispararon en 12 puntos porcentuales de la población.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), refirió, sin transferencias sociales, los indicadores de pobreza habrían empeorado aún más a 45.9 por ciento.
“En otras palabras, las transferencias sociales evitaron que otros 2.5 millones de personas cayeran en la pobreza”, añadió el FMI.
Es probable, apuntó, que las familias pobres se vean más afectadas por las posibles cicatrices económicas de la pandemia, por ejemplo, las pérdidas de aprendizaje debido a las grandes brechas en el acceso a Internet entre los grupos de ingresos.
El organismo sostiene que un gasto más alto y más eficiente en programas sociales, educación y salud reduciría las brechas socioeconómicas, mitigaría las cicatrices económicas de la pandemia y fomentaría una recuperación inclusiva.
Consideró que para aliviar las preocupaciones fiscales, el mayor gasto social podría estar respaldado por una mayor recaudación de impuestos a mediano plazo para garantizar que la deuda pública disminuya con el tiempo.
“En el mediano plazo, estimamos que las reformas tributarias podrían financiar un gasto de alrededor del 2 por ciento del PIB en programas sociales, educación y salud, y el 1.0 por ciento del PIB en infraestructura y otras inversiones públicas”.
lemm.