El gobierno federal mantiene sin reportar 490 mil millones de pesos que, de acuerdo a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, son los recursos que tendría que destinar para compras públicas a este sector de la planta productiva.
Actualmente, no existe un reporte o seguimiento puntual de lo que hace el gobierno federal con estos recursos públicos, denunció el presidente de la Cámara Nacional de la Indoaria de Transformación (Canacintra), José Antonio Reyes Centeno.
En conferencia de prensa, explicó que de los poco más de 7 billones del presupuesto federal para este 2022, alrededor de 20 por ciento se destina a gasto e inversión, es decir, un billón 400 mil millones de pesos, de los cuales, 35 por ciento, es decir, 490 mil millones de pesos, deberían destinarse a compras de pymes mexicanas.
Reyes Centeno enfatizó que las MiPymes generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 78 por ciento del empleo formal, por lo que apoyarlas es fundamental para la reactivación económica y de desarrollo del país.
Agregó que la contratación pública es palanca de desarrollo, por lo que llevar a cabo las compras de gobierno a las Pymes, podría generar un impacto positivo de hasta 2 puntos porcentuales en el PIB nacional.
“Según la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Estado tendría que estar destinando, por lo menos el 35% de lo que destina a gasto e inversión.
“Si esto estuviera dando, tendríamos ya un impacto muy positivo y se estaría reflejando en empleo, en el crecimiento económico y evidentemente en el abatimiento de la pobreza y el cerrar las brechas de desigualdad que existen en este país”.
Por lo anterior, el líder industrial anunció que el pasado martes, presentó al Ejecutivo y a la Secretaría de Economía (SE) una petición para hacer cumplir e impulsar las compras de gobierno a las Pymes y que además se informe de manera pública y transparente.
Entre los puntos más importantes del presidente de la Canacintra destacan:
Establecer mesas de trabajo con la participación activa de la sociedad civil a través de las cámaras empresariales; mecanismos de supervisión, medición y evaluación del cumplimiento del porcentaje mínimo de asignación a las mipymes del 35 por ciento.
Así como una política pública para alinear el objetivo de impulsar el desarrollo de la competitividad de las MiPymes con la estrategia de contratación pública del Gobierno federal, articulando las responsabilidades de la Oficialía Mayor de hacienda y la Secretaría de Economía.
Además de una metodología de gestión de riesgos orientada a favorecer el cumplimiento de las obligaciones, fiscalización eficiente y candados para evitar corrupción.