Los cambios propuestos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la iniciativa de reforma a la Constitución vulneran el marco institucional que dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de electricidad, alertó BBVA Research.
En un análisis, señaló que al incrementar sustancialmente el control del Estado en el sector a costa de los intereses de los inversionistas privados y de la actividad económica en su conjunto, se impacta a la industria.
Asimismo, señaló que estas reformas violentan los derechos establecidos por México en favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de libre comercio —los cuales bajo la ley mexicana, están a la par de los derechos otorgados por la Constitución Mexicana— en la medida que evidentemente vuelven más restrictivo el acceso al mercado eléctrico y representan un retroceso a las garantías otorgadas por México,
Lo anterior, específicamente en temas de cuota de mercado de la CFE, abandono de subastas, suspensión de permisos de generación, licencias y contratos, alteración del despacho, etc.
Con ello, explicó que se abre la puerta a represalias comerciales y pagos indemnizatorios, bajo sólidos argumentos en torno al Trato Nacional, Nivel Mínimo de Trato y Empresas del Estado. Asimismo, debilita hacia el futuro la capacidad de negociación y de defensa de los intereses mexicanos frente a los diferentes socios comerciales.
El análisis refiere que derivado de las violaciones a los compromisos de los tratados, los inversionistas tienen la facultad de acudir ante paneles internacionales que, por la naturaleza de la iniciativa, tendrán altas probabilidades de resultar en laudos desfavorables para México y traducirse en el pago de compensaciones considerables.
“El Gobierno mexicano puede modificar las reglas del juego del sector eléctrico como pretende; sin embargo, estas acciones vulneran claramente lo establecido por los tratados comerciales, por lo que los costos serán altos y no sólo en términos de energía cara y contaminante, indemnizaciones y represalias, sino también en el daño tanto a la reputación del país como socio confiable, como al ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros”, refiere el documento.
Así, señala que si se aprueba la reforma constitucional al sector eléctrico en los términos en que se presentó al Congreso, implicaría poner en riesgo al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión.
Por su parte, el Consejo Empresarial Mexicano llamó a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados a que convenzan a sus bancadas de rechazar la Reforma Constitucional propuesta por el Ejecutivo federal, así como a reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
Explicó que los cambios que se le deben hacer a la LIE deben estar orientados a contar con un marco jurídico aceptable para la libre competencia, que se contemple en la Ley que cualquiera pueda tener acceso a precios bajos en energía.
La carta fue dirigida a Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI; Jorge Romero, coordinador del PAN; Luis Ángel Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, y a Jorge Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano.
