La International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que existe el riesgo violar la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y cometer un delito federal con el mecanismo para evitar el alza de precios que esta semana acordará el Gobierno federal con el sector privado.
El organismo recomendó que el establecimiento de un pacto con productores y empresas para encontrar los mecanismos que permitan reducir la mayor inflación en el país en los últimos 21 años, se realice dentro del marco de la LFCE.
“La Comisión de Competencia Económica de la ICC México coincide con el propósito de apoyar la economía de las personas con menores recursos económicos en el país. Sin embargo, el apoyo debe realizarse en términos que no infrinjan la LFCE”, subrayó.
Consideró que tanto el Gobierno como las empresas deben conocer los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios, aun cuando exista la loable intención de encontrar soluciones que sean en beneficio de la población.
Refirió que el artículo 9 de la LFCE señala que, para poder fijar precios oficiales o precios máximos de un producto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debe hacer una declaración previa de que en el mercado de que se trate, no existe competencia efectiva o hay una distorsión en el mercado que lo impide.
Hasta entonces, precisó, la Secretaría de Economía (SE) o el Presidente de la República puede convocar a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos para informarles que debido a determinada falla de mercado, temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta sus costos y márgenes de ganancia razonables.
Advirtió que en caso de omitir este paso, las empresas manipulan el precio y violarían el artículo 53 de la LFCE, que es una de las faltas más graves que se sanciona con hasta el 10 por ciento de los ingresos de las empresas, independientemente de responsabilidades de carácter penal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha indicado que la práctica no se configura porque su monto haya sido a la baja o al alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados, añadió la ICC México.
“De ahí que si empresas competidoras se reúnen —a petición del Gobierno— a discutir no aumentar precios a determinado nivel, estarían en riesgo de violar la LFCE y cometer un delito federal”, subrayó.
Por ello, la Comisión de Competencia Económica de la ICC México hizo un llamado urgente para que la Cofece y el Gobierno federal diseñen mecanismos de diálogo en relación con el aumento de precios con el sector privado, que eviten violaciones a la ley.
avc
