El decreto presidencial que prohíbe la importación de maíz genéticamente modificado, así como la importación del glifosato ya comenzó a impactar en los precios y en la producción del alimento; sin embargo, en el proceso de prohibición de aquí a 2024 impactará a más de 60 sectores, como la industria farmacéutica, lo que implicará desabasto y por ende un incremento en los precios.
“Lo que haríamos al cerrar las fronteras sería salir a buscar y ofertar, situación que generará que el precio del grano se eleve aún más y tendrá un efecto inflacionario, no solamente en la tortilla, sino en los más de 60 sectores industriales que se benefician de sus derivados, como la parte farmacéutica, la industria del cuidado personal, alimentos y bebidas”, destacó en entrevista con La Razón, Marcela Martínez, presidenta de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami).
La directiva refirió que después del petróleo, del maíz es de donde más derivados se obtienen y esos derivados se verían afectados, porque tendrían un efecto inflacionario en esos 60 sectores.
Señaló que actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado incertidumbre en los mercados, encareciendo, entre otras cosas, el precio del mismo grano —ya que Ucrania es un gran productor de maíz— pero también incrementando los costos del transporte marítimo de mercancías.
“Cuando hay una guerra que jamás pensamos que iba a ocurrir, intervienen todos estos factores, como el fertilizante, el precio de los energéticos, es por ello que nosotros presentamos esta propuesta de firmar un convenio para incrementar la producción, como una oportunidad de que como país veamos lo que sucede en el corto, mediano y largo plazo”, destacó la presidenta del organismo.
Explicó que la Canami está trabajando para solicitar una prórroga del decreto, en la implementación, que debe ser total hacia 2024, ya que señala que el 31 de diciembre del 2020, cuando se publicó el decretó, no existía la guerra, ni se tenía un incremento en los precios de los productos, como el que se observa ahora.
“Al ser un decreto presidencial, la comunicación que hemos tenido ha sido con diferentes secretarías, y estamos trabajando con ellas, para que se logre retrasar el cumplimiento de la determinación”, refirió Martínez.
La presidenta de la Canami recordó que además el sector del maíz en México, se enfrenta a una escasez de producción, ya que se necesitan 18 millones de toneladas de máiz amarillo más a la producción actual de 27 millones, para cubrir las necesidades del país que ascienden a 45 millones.
Detalló que actualmente la productividad por hectárea está en 3.5 toneladas de maíz por cada hectárea, lo cual es muy bajo, en tanto que en la región sur-sureste del país es aún más bajo con 2.1 toneladas de maíz por hectárea.
Por ello, señaló que desarrollar el campo en Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Chiapas, es importante ya que en esas zonas se tiene un potencial muy grande, sobre todo por la disponibilidad que hay de agua.
Ante esto, la Canami y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) signaron un convenio de colaboración que buscará consolidar la colaboración de los dos organismos, a través de conjuntar recursos y acciones que coadyuven para incrementar, paulatinamente, la producción del maíz en los ciclos de primavera-verano y otoño-invierno.
