La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) representa un riesgo de corrupción, ya que tiene ineficiencias que limitan el acceso y análisis a la información de compras públicas estatales, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
De un análisis de la PNT, el organismo encontró que de tres mil 686 instituciones estatales obligadas, sólo 52 por ciento registraron información de compras públicas y el resto no publicó información sobre sus procesos de compra durante 2021.
La directora general del Imco, Valeria Moy, consideró que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y a las instituciones estatales deben actualizar y mejorar la PNT para asegurar que la información esté completa, homogénea y estructurada.
“El llamado que hacemos al Inai a que mejore esta plataforma para que de verdad sea funcional; de nada sirve que sea algo establecido en la ley si no nos está sirviendo para el propósito para la cual fue creada, que es tener información disponible para hacer análisis sobre el uso de los recursos públicos”, añadió.
La coordinadora Anticorrupción del Imco, Fernanda Avendaño, comentó que identificaron cuatro fallas de la PNT que dificultan el acceso a la información: información fragmentada, falta de homologación, errores en el registro y documentación inaccesible.
A pesar de ello, el Imco y Cívica Digital lograron analizar 251 mil 148 procesos de compra por un monto de 346 mil millones de pesos realizados durante 2021 por las instituciones estatales de los 32 estados del país disponibles en la Plataforma.
Informó que seis de cada 10 adjudicaciones directas estatales publicadas en la PNT no cuentan con un acceso directo al contrato. Los estados con el menor porcentaje de enlaces accesibles al documento del contrato son Coahuila (4 por ciento), Sonora (6 por ciento), Tamaulipas (6 por ciento), Sinaloa (11 por ciento) y Baja California Sur (20 por ciento).
Además, el Imco encontró que siete de cada 10 pesos registrados en la PNT fueron por licitación pública, 19 por ciento por adjudicación directa, 7 por ciento por invitación restringida y el retro por otros.
Comento que en 2021 las instituciones estatales asignaron un monto de más de tres mil millones de pesos a proveedores riesgosos, que son aquellos sancionados por la Secretaría de la Función Pública, de reciente creación y clasificadas como empresas fantasma.
lem.
