En su mayoría, tenderos de misceláneas y pequeñas tiendas desconocen que a partir de ayer entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General Contra el Tabaco, que prohíbe toda forma de publicidad y exhibición, por lo que continuaban exhibiendo publicidad o el producto en sus empaques.
Durante un recorrido por diversas pequeñas tiendas, misceláneas y tiendas de abarrotes los cigarrillos aún estaban a la vista del consumidor para su venta; así como cartulinas de publicidad.
En contraparte, los exhibidores de cigarrillos en las tiendas de conveniencia se encuentran tapados, al igual que en las tiendas de autoservicio donde los exhibidores junto a las cajas de cobro fueron cubiertos con cartulinas negras.
El presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), Hiram Vera, recordó que, lamentablemente, aquellos dueños de tiendas que no cumplan con la nueva imposición del gobierno federal serán sancionados.
Sin embargo, recordó los negocios pueden recurrir a amparo. “Entre los primeros 30 días de la implementación de este día 15 de enero, tenemos 30 días para implementar los amparos, los cuales deben ser resueltos de manera provisional en las siguiente tres semanas”.
Detalló que el reglamento marca un proceso de verificación “y no es muy claro en las penalidades y lo que hace que nos remite a la Ley General de Control de Tabaco que pueden ser desde multas entre los 40 mil, hasta medio millón de pesos; dependerá de la afectación.
“Aunque también se contempla la clausura del punto de venta en caso de las tiendas, del lugar como el caso de restaurantes, bares y hoteles; así como el retiro de la licencia sanitaria y en una exageración, los arrestos temporales a los dueños de los establecimientos”.
Destacó que la venta de cigarros promueve más del 15 por ciento del ticket mensual de las más de 600 mil tienditas registradas.
El pequeño comercio es generador de más de dos millones de autoempleos, que da manutención a más de cinco millones de personas y abastece a más del 52 por ciento de la demanda nacional.
Incluso mencionó que el reglamento es un documento con múltiples violaciones a tratados comerciales, específicamente en materia de protección de inversiones y derechos humanos.
Asimismo, advirtió que impedirá continuar con las acciones de responsabilidad social en los estados donde la industria tiene presencia, manifestó.
El dirigente empresarial, también destacó que, a nivel internacional, cualquier regulación a la industria de consumo, como es la restaurantera que ha resultado gravemente afectada por la ley antitabaco, debe ser notificada seis meses antes, y no 30 días como lo hizo el gobierno mexicano.
“Este reglamento es ambiguo, excede más allá de lo que marca la propia ley, y además lo legal es que se aplique entre seis meses y un año después de su modificación”, aseguró.
En México el tabaco es legal y está regulado en la Ley General para el Control del Tabaco. Un producto cuya comercialización es legítima, por lo cual la prohibición de su exhibición resulta infundada, consideró la Conainta.
Destacó que la prohibición de la exhibición del tabaco podría afectar adicionalmente a los pequeños negocios que han sido ya severamente dañados por la pandemia.
Representará un impacto directo a los pequeños comerciantes y dueños de tienditas, reiteró que la venta de cigarros promueve más del 15 por ciento el ticket mensual de las más de 600 mil tienditas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El sector del pequeño comercio genera más de dos millones de autoempleos, que dan manutención a más de cinco millones de personas y abastece a más del 52 por ciento de la demanda nacional.
Asimismo, el Conainta aseguró que se impactará de forma injustificada a la libertad de comercio y a los derechos de los consumidores.
“La exhibición tiene un fin y características distintos a la publicidad, al ser informativa para el consumidor. Su prohibición dejará a los productos de tabaco legales en igualdad de circunstancias de los ilegales que equivalen al 20 por ciento del consumo nacional”, destacó.
Hiram Vera afirmó que, para tener un Estado de derecho, es necesario que todas las partes respeten la ley, “por lo que solicitamos que el gobierno así lo haga y se genere certeza jurídica para que no se nos pida esconder un producto legal como ilegal”.
Aseguró que el reglamento representa un abuso por parte de las autoridades. Subrayó que las empresas, los comercios e industria “tenemos toda la disposición de colaborar, invertir, generar empleos y cumplir con la ley”.
Por tanto, hizo un llamado a las autoridades a respetar el Estado de derecho y reconsiderar políticas prohibicionistas que atentan contra de la libertad de comercio, los trabajadores y los consumidores.
