Este lunes se publicó el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación” mediante el cual se impone un arancel temporal del 50 por ciento a la exportación de maíz blanco harinero, del 17 de enero al 30 de junio de 2023.
Al respecto el Consejo Agropecuario de Nuevo León expuso que el decreto atenta contra la oferta y demanda de maíz blanco y ocasiona una afectación directa al ingreso de los productores nacionales.
Asimismo, en un comunicado, advirtió que la mediada desincentiva la producción de maíz blanco para consumo humano al tener un volumen de comercialización acotado al mercado nacional.
Genera incertidumbre en productores de otros alimentos, toda vez que esta medida no fue consultada con agricultores nacionales y provoca incertidumbre sobre la posible aplicación de esta medida a otros productos.
El organismo destacó que en otros países esta medida ha mostrado un retroceso en la productividad e inversión en el campo, afectando la autosuficiencia alimentaria.
Ejemplificó que en 2021, Argentina implementó una medida similar sobre la carne de res, la cual generó un aumento en el precio del ganado, escasez de animales en pie y una disminución en el ingreso de divisas.
Por lo anterior, el consejo propuso, como medidas que ayuden a mejorar el ingreso de los productores y a disminuir el precio al consumidor, los siguientes lineamientos:
- Diseñar una estrategia clara que contenga incentivos para el desarrollo tecnológico, productividad y crear condiciones que favorezcan la inversión en el campo.
- A su vez, mejorar la infraestructura para el cuidado del agua y otorgar soporte para el extensionismo para aumentar la producción de los pequeños productores.
- También fortalecer la infraestructura sanitaria nacional para salvaguardar el bienestar del consumidor y también promover la autosuficiencia alimentaria mediante programas que garanticen el acceso a alimentos a la población vulnerable.
Puntualizó que al interior del organismo, “nos mantenemos con la convicción de que el desarrollo de dicha política pública debe incluir el diálogo de todos los actores, y nos comprometemos a ser el puente de comunicación entre los productores de Nuevo León y las autoridades”.
DGC
