El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) aclaró que la compra de 13 centrales de Iberdrola no nacionaliza la industria eléctrica; tampoco la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementa su participación en el mercado eléctrico y mucho menos convierte a esas plantas en propiedad del Estado mexicano.
En un análisis respecto a la venta de dichas plantas al gobierno de México por seis mil millones de dólares, el instituto explicó que el contar con financiamiento del sector público no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada.
Sin embargo, destacó que todavía no se ha dado a conocer a cuánto asciende la participación de las entidades públicas; “hasta el momento se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales”.
El Imco reiteró que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al gobierno Federal y a la CFE.
“Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”, subrayó el organismo.
Recordó que el Gobierno federal argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6 por ciento, a 55.5 por ciento.
No obstante, el Imco subrayó que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los Productores Independientes de Energía (PIEs) ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la cuenta pública.
“En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE”, expuso.
Por tanto, refirió que la venta de las 13 centrales de Iberdrola “no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del mercado eléctrico mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados”.
Asimismo, el Imco advirtió que, si bien el anuncio de que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales.
Con ello, pone en riesgo la rentabilidad de las centrales en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro.
El Imco indicó que hasta el momento se desconoce el monto de los recursos con los que participará el Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin y el resto de las entidades públicas, sin embargo destacó que, aunque no impacten la deuda pública ni la de la CFE, el costo saldrá de recursos públicos.
Puntualizó que a pesar de que en este momento no se ha desglosado a cuánto asciende el financiamiento público, es necesario cuestionar la conveniencia de asignar recursos, por definición escasos, en adquirir centrales eléctricas mayoritariamente ancladas en combustibles fósiles a costa de inversiones que aceleren la transición energética en el país.
Para Iberdrola, la transacción se da en un contexto que busca reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones.
En noviembre de 2022, la empresa anunció el objetivo de invertir 47 mil millones de euros (51 mil millones de dólares) en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años.
En este sentido, la venta al gobierno mexicano le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad, a nuevos proyectos de energías limpias.
AM
