El acuerdo del Gobierno de México con Iberdrola para comprar 13 plantas de generación de electricidad por seis mil millones de dólares es una mala señal para la inversión, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Además, implica presiones fiscales a futuro y usa recursos que serían mejor utilizados para generar las mejores condiciones a fin de aprovechar todo el potencial de la relocalización o nearshoring.
En su publicación “Análisis económico ejecutivo”, sostuvo que esta operación no implica un aumento en la generación de electricidad y si utiliza recursos públicos que podrían destinarse a prioridades evidentes como salud, educación y seguridad pública.
Refirió que, según las autoridades mexicanas, el reciente anuncio que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la compra de 13 plantas que realizó el Gobierno de México a la empresa Iberdrola, implica un proceso de nueva nacionalización y el aumento de la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Explicó que en una nacionalización el Estado se convierte en propietario o controlador de bienes o actividades que pertenecían al sector privado, por lo que “evidentemente las condiciones de la operación no implican una nacionalización típica ya que la CFE sólo será administradora de la operación de las plantas”.
Apuntó que los recursos para la compra por casi seis mil millones de dólares provienen en principio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que, si bien está fuera del presupuesto, son recursos públicos de todas formas y por ello tienen usos alternativos.
El CEESP estimó que la operación tiene al menos tres implicaciones negativas como política pública.
La primera es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola (sin ninguna prueba objetiva). “Ello en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o near-shoring. Pero la preferencia revelada del Gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”, agregó.
El segundo es que, si bien las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar, apuntó el organismo.
En tercer lugar, en este momento, sería importante que la política pública estuviera concentrada en crear facilidades para sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring.
Afirmó que la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente, pues desde 2019 ha estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.