Organismos del sector privado advirtieron que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa presentada por el Ejecutivo federal, atenta en contra del Estado de derecho y tratados comerciales internacionales, además inhibe inversiones, incluso va en contra de las libertades individuales y los derechos humanos.
Exhortaron al Congreso de la Unión a rechazar la propuesta de reforma como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones.
Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanosFrancisco Cervantes<br>Presidente del CCE
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió ser incluido en la discusión que se lleva a cabo en el Congreso respecto a esta iniciativa, debido a la intensa actividad que el sector privado tiene en el tema, así como por la relevancia que tiene para el desarrollo del país y la certeza en la inversión.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincidió en que se vulnerará el Estado de derecho y generará un clima de incertidumbre jurídica.
Llamamos a las cámaras de diputados y senadores para que haya un diálogo franco, serio y sin exclusiones con todos los sectores involucrados en el tema, para que puedan expresarse los distintos puntos de vistaJosé Abugaber<br>Presidente de Concamin
Aseguró que la iniciativa violenta el orden jurídico nacional y atenta contra las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna.
Consideró que concentrar en la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas, como lo propone la reforma, hace a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad.
La eventual nueva ley pondría en desventaja a proveedoras del Gobierno y, en el mediano y largo plazo, hará que los costos de los proyectos suban por el alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentalesJosé Medina Mora<br>Presidente de Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la iniciativa viola la Constitución, genera incertidumbre, atenta contra el Estado de derecho y encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas.
“Rechazamos este plan de enmienda a 23 leyes secundarias que, de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado.
De aprobarse la iniciativa se convertiría en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de GobiernoJosé Figueroa<br>Presidente del IMEF
“En el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales”, sentenció.
Advirtió que las modificaciones propuestas son una mala señal para los mercados y hacen ver que en México no se respeta el Estado de derecho ni los tratados comerciales internacionales signados con 46 países, como el TMEC, lo que podría abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) externó su preocupación por las serias repercusiones que implicaría esta iniciativa que plantea modificar 23 leyes federales, que podría ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante abril.
El proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte o nearshoring representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión, subrayó.
El organismo destacó que la inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, necesita condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas.
La iniciativa podría afectar también los derechos de los permisionarios, concesionarios y licenciatarios en múltiples ramas de la industria, porque da al Gobierno mayor discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y concesionesClaus von Wobeser<br>Presidente del ICC
A su vez, la International Chamber of Commerce México (ICC México) alertó que la propuesta generaría grandes márgenes de discrecionalidad al Gobierno mexicano en contra de los particulares y atentaría contra el Estado de derecho.
Fin de FND pega a 300 mil productores
El director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Luis Fernando Haro Encinas, informó que 300 mil productores, principalmente pequeños, quedarán en desamparo con la desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) propuesta por el Ejecutivo, al ser la única banca de desarrollo que apoya a este sector en el campo.
Agregó que actualmente existen alrededor de cuatro millones de hectáreas sin producir, lo que equivale a 25 por ciento del área cultivable de todo el país y que implica que millones de toneladas de alimentos se dejen de cultivar; “eso es una de las razones por las cuales no bajan de precio los alimentos”.
Denunció a La Razón que el organismo no fue tomado en cuenta en la decisión de desaparecer la FND, a pesar de que forma parte de su consejo directivo.
Haro Encinas destacó que en los últimos cinco años son preocupantes las deficiencias en la evaluación, autorización y gestión de créditos, lo que se refleja en que sólo 5.0 por ciento de los productores que solicitaron un crédito a FND fue atendido.
Por el momento señaló que aún no es posible cuantificar los daños a la producción alimentaria con el cierre y la desaparición del organismo, pero advirtió que, sin duda alguna, habrá menos disponibilidad de alimentos y por ende vendrá su encarecimiento,
“Sin crédito y ante los elevados costos de los insumos, la actividad agropecuaria, deja de ser rentable para una gran cantidad de productores en el país, provocando una inminente reducción en la producción; entre menos disponibilidad de alimentos haya, la inflación habrá de seguir impactando negativamente”, alertó el directivo del CNA.
