El sector privado del país pidió al Senado de la República evitar la aprobación de la reforma minera vía fast track, ya que consideró que las nuevas condiciones aprobadas en la Cámara de Diputados aún no son las ideales, y es necesario dar viabilidad al negocio de esta industria.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que, por la relevancia del tema para el desarrollo del país y para la certeza en la inversión, es importante que antes de su aprobación en la Cámara de Senadores se abra en el Congreso una discusión que incluya a los empresarios.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Senado de la República a escuchar a los expertos y a las empresas mediante un parlamento abierto para que a través del diálogo y el consenso se puedan hacer los ajustes necesarios, en beneficio del sector y de la economía del país.
Planteó la pertinencia de que la aprobación se dé hasta el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión, en septiembre. “El Poder Legislativo tiene la responsabilidad y oportunidad de darle a México un marco legal óptimo para el desarrollo de la minería”, puntualizó.
“Desde la Coparmex consideramos que el proyecto de Ley Minera aprobado en la Cámara de Diputados corrigió algunos puntos de la propuesta original que hacían inviable la industria en el país”, precisó.
Sin embargo, afirmó que “aún requiere afinarse, por lo que exhortamos al Senado a escuchar a los expertos y a las empresas mediante un parlamento abierto para que a través del diálogo y el consenso se puedan hacer los ajustes necesarios, en beneficio del sector y de la economía del país”.
La Coparmex manifestó que algunas de las modificaciones favorables que se establecen en la ley, contra lo que propuso el Ejecutivo, es que los periodos de concesiones sean de 30 años— y no de 15 como lo que se planteaba en el proyecto original— con opción a renovarse por 25 años más.
Incluso, existe la opción de una extensión por un tercer periodo de hasta 25 años a través de una licitación. “Es importante señalar que, si bien estas condiciones no son las ideales, dan cierta viabilidad al negocio minero en la nación”, expuso la confederación.
Consideró fundamental que la socialización de la aprobada Ley Minera cuente con el tiempo suficiente para su análisis en la Cámara alta, ya que, pese a que hay mayor flexibilidad en temas como la Ley de Aguas Nacionales, aún se debe trabajar para dar certeza a las inversiones en el sector, cuyas concesiones en todo el mundo tienen un alto grado de complejidad por los tiempos que requieren las minas.
La cúpula patronal precisó que otros de los aspectos que se deben analizar con detenimiento, son los relacionados con la consulta indígena, así como con el otorgamiento de concesiones en garantía, que podrían dejar en indefensión a las empresas.
“Reconocemos la determinación de garantizar la seguridad en las minas, pero consideramos que hay aspectos que deben quedar claros” subrayó el organismo privado..
Por lo que hace a la temporalidad de la concesión, la Coparmex externo su preocupación por que se deje abierta la posibilidad de que el periodo de la concesión pueda ser con efectos retroactivos; “siendo lo anterior una cuestión de inconstitucionalidad e inconvencionalidad”.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió de algunos riesgos críticos para la continuidad operativa en 70 cadenas productivas del país, de aprobarse dicha reforma.
“Advertimos respetuosamente algunos aspectos que deben solventarse en esta etapa legislativa para la continuidad operativa de la industria de México”, consideró el organismo.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) señaló que antes de ratificar la reforma aprobada por las diputados, el Senado de la República debe convocar a un parlamento abierto.
Asimismo, dar el tiempo necesario para realizar un análisis riguroso y una discusión legislativa amplia, incluyente e informada, con la participación de todos los actores involucrados, a fin de acordar cambios adecuados que fomenten el desarrollo de la minería y de México.
La AIMMGM alertó que en la reforma votada en fast track prevalecen temas relativos a la exploración, pago de contraprestaciones y restricciones que impactarían a la industria que genera 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y más de 400 mil empleos directos.
