Grupo México Transportes (GMXT), del empresario Germán Larrea, estudia acciones ante la intervención del Gobierno federal que se suscitó en sus instalaciones ferroviarias el pasado viernes.
La empresa continúa en negociaciones con las autoridades para encontrar una solución apegada a derecho sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas.
“De no llegar a un acuerdo, la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes y del libre mercado”, dijo.
El viernes pasado se dio a conocer que tres tramos ferroviarios de Ferrosur, propiedad de Grupo México, fueron declarados como “utilidad pública” y tomados por la Secretaría de Marina. Este tramo, de 120.2 kilómetros, se integra a la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que el jueves fue declarado como obra de seguridad nacional por medio de otro decreto presidencial.
“Actualmente, la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones”, expuso la firma
A través de un comunicado, GMXT, subsidiaria de Grupo México, dijo que, como antecedente, a principios del 2022, se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Tras la firma, la empresa inició las obras de construcción y efectuó gastos por “varios cientos de millones de pesos”. “Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el Gobierno meses después”, expuso.
Esta medida representa un golpe a la confianza de los inversionistas y puede generar un impacto negativo en la percepción de estabilidad y seguridad jurídica en el ámbito empresarialGabriela Siller, Economista en jefe de Banco base
Grupo México aseguró que la empresa ferroviaria del Estado ya tenía derecho de paso sobre el tramo en cuestión. Sin embargo, dijo, la insistencia del Gobierno en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión implica que esa dependencia sea responsable del cuidado y la operación de la vía.
“Estando en curso este proceso de negociación, resultó sorpresiva e inusitada la acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes”, consideró, y añadió que ya estaban agendadas reuniones de trabajo entre las partes para avanzar en la negociación.
Empresarios y analistas, preocupados
La Iniciativa Privada (IP) y analistas manifestaron su inquietud por el decreto de AMLO y la toma de las instalaciones de GMXT, al considerar que atenta contra la inversión.
El Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación por el decreto publicado el viernes que declara de “utilidad pública” diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, y que pasarán en favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
“Más allá de la controvertida legalidad del decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, dijo.
En su opinión, es necesario que para dichos propósitos se procuren condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales.
Por su parte, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo demandó medidas contundentes para detener las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios del país.
“La propiedad privada es la base fundamental del libre ejercicio empresarial y es esencial para fomentar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo”, expuso.
En tanto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México aseguró que las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios vulneran el Estado de derecho y afectan todas las inversiones realizadas en el país bajo el régimen de concesión.
Venta de Banamex ¿en riesgo?
Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, expuso que la ocupación de la Marina podría ser considerada una forma de expropiación. En su opinión, el decreto por sí solo genera desconfianza para los empresarios en un clima de negocios que ya estaba deteriorado.
Además, plantea preocupaciones adicionales sobre el respeto a los derechos y la seguridad jurídica en el país.
Siller recordó que, hace meses, Larrea había anunciado sus intenciones de adquirir Banamex de Citigroup, pero “lo ocurrido con Grupo México podría poner en riesgo esta transacción”.
Oposición cuestiona la ocupación de vías
Partidos de oposición y organizaciones empresariales prendieron focos de alerta por la falta de certeza y dudas sobre el Estado de derecho que, señalaron, ha generado la ocupación federal en los tramos ferroviarios que eran administrados por Grupo México, y mostraron su preocupación por el mensaje que se manda desde el Gobierno, que puede impactar en la certidumbre de las inversiones.
El viernes pasado fue publicado un nuevo decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual tres tramos ferroviarios de Ferrosur, S.A. de C.V, propiedad de Grupo México a cargo del empresario Germán Larrea, fueron declarados como de “utilidad pública”.
En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, mencionó que espera que se arregle la situación a través del diálogo, ya que al momento es confuso cómo se dieron las cosas y el resultado que parece una expropiación.
“Está muy confusa la situación en ese tramo ferroviario, ya que lo que sabemos es que estaba concesionado para Grupo México, pero ahora se menciona que es una expropiación. Se trata de una obra que tiene participación del Estado y de privados, pero si deciden intervenirla, se tienen que dar a conocer las razones del por qué se hace”, indicó.
Señaló que es políticamente desconcertante la acción, porque genera duda para la inversión privada o falta de certeza y, por ello, dijo, es necesario que con voluntad política se resuelva, “pues pareciera que este gobierno ya agarró el caminito de imponer sus decisiones; acababan de dialogar en Palacio Nacional, pero falta ver qué salió mal”.
Acerca del tema, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que es peligroso este tipo de acciones, debido a que se pone en duda el Estado de derecho, lo que es “sumamente arriesgado” para los inversionistas.
“Ése es el mensaje que se está dejando a los inversionistas, precisamente de esa falta de Estado de derecho”, expuso.
Mencionó que fue “lamentable” la toma de territorios, pues no aclaran la información previa de sus acciones.
Además, desde el inicio del sexenio las puertas siempre estuvieron cerradas para algunos sectores, mientras que al paso de los años se han ido cerrando otras, lo que impacta directa y negativamente contra empresarios, sociedad y organizaciones, apuntó. “Es peligroso que comience a darse este tipo de situaciones, pues puede abrir la puerta a más decisiones de este tipo”, añadió.
Lo anterior, agregó, puede generar dudas de negocios en inversionistas y, en consecuencia, la falta de esa certeza puede evitar la llegada de nuevos proyectos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó este fin de semana su preocupación por el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las vías ferroviarias concesionadas en la zona del Istmo, ya que ese tipo de decisiones, advirtió, genera impactos negativos.
Además, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) remarcó que el presente y futuro de la inversión en México depende del respeto al Estado de derecho. “Somos partidarios del diálogo con los tres Poderes de la Unión, lo que permite fortalecer la certeza jurídica”, estableció.
JVR
