El envejecimiento poblacional que se anticipa para las siguientes décadas y, por ende, el gasto creciente en pensiones y rubros como el de salud y protección social representan un “reto creciente en el ámbito económico y fiscal”, reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para atender estas necesidades, cada año se deben asignar mayores recursos al pago de pensiones y jubilaciones, tanto contributivas (trabajadores del Estado) como no contributivas (adultos mayores y personas con discapacidad).
En 2019, en el primer año del actual gobierno, ambos rubros sumaron 972 mil 276 millones de pesos, 16.7 por ciento del gasto neto. Para 2020, la cifra subió a 17.9 por ciento y así continuó en ascenso, hasta llegar a 22 por ciento para 2024, el equivalente a 1.99 billones de pesos, según el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Ello implica que, en términos reales (considerando inflación), el aumento del gasto pensionario del 2023 al 2024 será de 11.8 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Su directora, Alejandra Macías, expuso que la cifra del 2024 representa 5.8 por ciento del PIB; de ésta, 75 por ciento va para el rubro contributivo y 25 por ciento, para el no contributivo.
“El diseño de la política fiscal considera riesgos que pudieran presionar a las finanzas públicas en el largo plazo. Entre ellos se encuentran las presiones sobre el gasto en salud y protección social asociadas a los cambios demográficos, las obligaciones financieras del sector público relacionadas con el sistema de pensiones y los efectos de posibles desastres naturales”, expuso la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica 2024.
Se estima que, en 2023, el grupo poblacional de personas mayores de 65 años o más representa 8.2 por ciento de la población de México; sin embargo, Hacienda prevé que para 2050 aumente a cerca de 17 por ciento; es decir, el doble.
Además, se debe considerar que el envejecimiento de la población también implica un aumento en la demanda de servicios de salud y cuidados de larga duración, así como una reestructuración en las fuentes de recaudación tributaria, acotó la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O.
“En particular, la transición poblacional se traducirá en presiones en el gasto debido a un mayor costo de operación del sistema de salud, al incremento de las aportaciones del gobierno a los sistemas de pensiones, además del pago de pensiones del sistema anterior”, reconoció.
Para 2024, las pensiones contributivas pasarán de 1.31 a 1.50 billones de pesos, mientras que las no contributivas, de 359 mil 577 a 492 mil 909 millones, es decir, un aumento nominal de 14.03 y 37 por ciento, respectivamente.
Héctor Villarreal, especialista fiscal, considera que el tema de pensiones es una “camisa de fuerza” en materia de gasto, además de que para 2024 el gobierno se está endeudando para costear el gasto, esto luego de que se diera a conocer que los Requerimientos Financieros del Sector Público (deuda neta) serán de 5.4 por ciento del PIB, el más alto en décadas.
En 2019, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se elevó a rango constitucional, brindando un mil 275 pesos a 8.5 millones de personas de este grupo de la población.
En 2023, el monto subió a cuatro mil 800 pesos bimestrales para más de 11 millones de beneficiados. Para 2024 este monto pasará a seis mil pesos, lo que requerirá de un gasto equivalente a 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“El programa de adultos mayores es una bomba fiscal para las finanzas públicas”, señaló Carlos Ramírez, analista de Integralia. “¿Quién pagará el tsunami que se avecina?”, cuestionó el especialista.
Costo de la deuda. Otro de los rubros que consumirá grandes cantidades de recursos es el servicio de la deuda (gasto y comisiones de pasivos), el cual será de 1.26 billones de pesos, 11.8 por ciento mayor al de este año. Entre éste rubro y las pensiones se irá 36 por ciento del gasto.
Ven insuficiente alza de 52 mdp a búsquedas
Las tareas de búsqueda de personas en México tendrán, para el 2024, un incremento del 4.8 por ciento en su presupuesto respecto al 2023, lo que colectivos de madres ven insuficiente ante las dimensiones de la crisis que atraviesa el país en la materia, además de que, denunciaron, los recursos destinados no se han traducido en resultados y tampoco se conoce en qué se gasta el dinero.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, la coordinación de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas tendrá recursos por mil 149 millones 899 mil 182 pesos, cuando en este año tuvo mil 097 millones 234 mil 971 pesos, un aumento de 52 millones 664 mil 211 pesos.
Del total de recursos, 854 millones 645 mil 124 pesos serán canalizados como subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mientras que 295 millones 254 mil 058 irán a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que significa un aumento de nueve millones 440 mil 517 pesos (3.19 por ciento), respecto al 2023.
“La inversión ha sido muy grande, pero los resultados nos han quedado a deber. De todo el presupuesto comparado con los hallazgos, la diferencia es muy grande, sobre todo en comparación con los colectivos, que con nuestros propios recursos encontramos más personas que las fiscalías y las autoridades federales”, lamentó Lucía de los Ángeles Díaz, directora del Colectivo Solecito.
De todo el presupuesto comparado con los hallazgos, la diferencia es muy grande, sobre todo en comparación con los colectivos, que con nuestros propios recursos encontramos más personas que las fiscalías y las autoridades federalesLucía de los Ángeles Díaz, Directora del Colectivo Solecito
En entrevista con La Razón, dijo que se usa mucho dinero en las búsquedas, pero que no se traduce en mejores resultados, ya que la crisis persiste en grandes números en el país, además de que mil millones de pesos es mucha cantidad para lo que hacen y nunca se transparentan sus acciones.
“Es inaudita la cantidad de recursos, cuando hay 52 mil cuerpos en rezago para identificar; necesitamos a eso meterle mucho dinero y no se ha hecho. Muchas de las personas desaparecidas están dentro de esos cadáveres rezagados en panteones o servicios forenses. Deben desglosar ese presupuesto, pues es exorbitante el recurso”, agregó.
Señaló que cada día de búsqueda le cuesta mucho dinero a la nación, además de que, si hay acompañamiento de personas que los ayudan, les pagan hotel y comida.
Respecto a Karla Quintana, mencionó que nunca cruzó palabras con la extitular de la CNB, ni otros colectivos, pues a pesar de que tiene recursos millonarios en su dependencia, nunca supieron en qué se lo gastaron, ya que ellos hacen todas las búsquedas.
El 23 de agosto pasado, Karla Quintana Osuna anunció que dejaba la titularidad de la CNB y, al momento, esta instancia se encuentra acéfala, lo que colectivos ven con preocupación, por el tiempo que se pueda tardar la institución en tener otra vez un responsable.
Al referirse al tema de los recursos disponibles, Leticia Mora, directora del colectivo Red de Madres Buscando a sus Hijos, explicó a este diario que el presupuesto está bien, pero aclaró que lo que no lo está son los resultados y desconocen en qué se gasta tanto dinero, con una crisis como la que se vive en México.
“Nosotros pedimos que se haga búsqueda. Sabemos que es complicado y que hay mucha demanda, pero todos estamos pidiendo lo mismo y a nadie le hacen caso. También, que se hagan búsquedas personales, pero tampoco se trabaja en eso; además, que las comisiones no analizan, investigan, crean un plan y ven qué herramienta necesitan para ello. Pienso que es un caos”, denunció.
Es sumamente penoso que las víctimas sean las que pagan todo para encontrar a sus seres queridos. Lo peor es que nosotros apoyamos a Karla Quintana para que se quedara en la comisión, pero apenas llegó y se olvidó de nosotrosLeticia Mora, Directora de Red de Madres Buscando a sus Hijos
Mora Nieto señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda “ni agua” les da, ya que, desde el inicio de la actual gestión, jamás les han dado apoyo de ningún tipo; por ello, el colectivo tiene que ver cómo consigue recursos para pagar sus traslados y comida.
“Es sumamente penoso que las víctimas sean las que pagan todo para encontrar a sus seres queridos. Lo peor es que nosotros apoyamos a Karla Quintana para que se quedara en la comisión, pero apenas llegó y se olvidó de nosotros”, indicó la activista.
Sostuvo que al Gobierno federal le pediría que atendiera como sea las búsquedas, que tengan una base de datos confiable y que digan en qué se gastan tanto dinero, con tan “pobres resultados”.
