En medio del incremento constante en los recursos necesarios para atender las necesidades pensionarias, el Gobierno federal apostará por modernizar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a través de una nueva reforma a las leyes del Seguro Social y del SAR.
“Durante 2024 se trabajará en la modernización del sistema para una mejor integración de los tres componentes centrales del sistema: la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión ligada al empleo o contributiva y el ahorro voluntario”, expuso en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024.
Para tal fin, se trabajará, en conjunto, con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la implementación de la reforma a las leyes del Seguro Social y del SAR, para fortalecer el bienestar de las personas adultas mayores.
Aunado a lo anterior, dijo en el documento, se fortalecerá la educación financiera para promover una adecuada toma de decisiones de las personas trabajadoras, explicando los beneficios que el SAR y el ahorro voluntario tienen para incrementar el monto de la pensión y contar con un retiro digno.
También se instrumentarán las sinergias necesarias para conducir a la consolidación de un sistema de pensiones equitativo y moderno que proteja los intereses de las personas trabajadoras.
Gasto millonario. Ayer, La Razón dio a conocer que, para 2024, el pago de pensiones contributivas (trabajadores del Estado) y no contributivas (adultos mayores y personas con discapacidad) requerirá de dos billones de pesos de presupuesto, 11.8 por ciento más, en términos reales, que en este año.
Esto implica que, de cada 100 pesos gastados el próximo 2024, 22 se irán a este rubro, una cifra que ha venido creciendo año con año; en 2019, por ejemplo, sólo representaba 16.7 por ciento de lo erogado.
“El diseño de la política fiscal considera riesgos que pudieran presionar a las finanzas públicas en el largo plazo. Entre ellos se encuentran las presiones sobre el gasto en salud y protección social asociadas a los cambios demográficos, las obligaciones financieras del sector público relacionadas con el sistema de pensiones y los efectos de posibles desastres naturales”, expuso la Secretaría de Hacienda en los CGPE.
Se estima que, en 2023, el grupo poblacional de personas mayores de 65 años o más representa 8.2 por ciento de la población de México; sin embargo, la dependencia federal prevé que para 2050 aumente a cerca de 17 por ciento, es decir, el doble.
Además, se debe considerar que el envejecimiento de la población también implica un aumento en la demanda de servicios de salud y cuidados de larga duración, así como una reestructuración en las fuentes de recaudación tributaria, acotó la institución.
