Crimen organizado cobra cuota, apunta

Derecho de piso eleva inflación más de 2 puntos: Lacen

Precios van a la baja, pero cárteles determinan precios, afirma organismo de la UNAM; actividades agropecuarias, con mayor impacto en costos

En las actividades agropecuarias es donde tiene mayor presencia la delincuencia y las extorsiones inciden en los precios al productor, cuyo pago repercute en la inflación, como en el caso del limón. Foto: Cuartoscuro

El llamado derecho de piso, cuota que cobra el crimen organizado a locatarios, productores o agricultores para brindarles protección provoca que la inflación aumente más de dos puntos porcentuales, de acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El coordinador del Lacen, José Ignacio Martínez Cortés, dijo que si bien la inflación en la primera quincena de septiembre de este año fue de 4.44 por ciento, con la inseguridad se eleva a 7.77 por ciento.

En un análisis, precisó que, si bien la inflación va a la baja, el crimen organizado se ha conformado como un cartel que determina los precios en la producción, distribución y venta, además de determinar temporalidad y volumen de cosecha y fabricación de bienes.

Refirió que en las actividades primarias o agropecuarias es donde tiene mayor presencia la delincuencia en el país y, en consecuencia, las extorsiones inciden en los precios al productor, cuyo pago repercute finalmente en la inflación al consumidor final.

Para ejemplificar la incidencia del crimen organizado en la inflación de productos agrícolas sobresale el limón, cuyo precio, por kilo, en Michoacán es de 13 pesos, anotó.

No obstante, resaltó, con el derecho de piso se encarece a 50 pesos, los mayoristas adquieren el producto y lo venden a 60 pesos después, los minoristas lo compran y posteriormente lo comercializan en 70 pesos, por lo que el consumidor final paga el kilo en el tianguis o en el mercado en 80 o 85 pesos.

Apuntó que las ciudades agropecuarias que más sufren la extorsión por parte del crimen organizado son Irapuato, con 40.3 por ciento; Uruapan, 36.8 por ciento; Oaxaca, 33.3 por ciento; Xalapa, 26.7 por ciento; Coatzacoalcos, 26.6 por ciento; Aguascalientes, 25.6 por ciento y Pachuca, 24.7 por ciento.

Mencionó que la zona con mayor inseguridad para el transporte de productos agropecuarios se concentra en la región centro del país (Puebla, Estado de México y Veracruz).

Señaló que en lo que va del 2023, el robo contra el transporte de carga aumentó en 73.5 por ciento en carreteras.

Martínez Cortés señaló que los tramos carreteros con mayor incidencia de robos son: México-Puebla-Veracruz; México Querétaro y Córdoba-Orizaba.

Resaltó que estas rutas conducen a las aduanas de Cd. Juárez, Matamoros, Piedras Negras, Cd. Acuña, Sonoyta, que representan 51.77 por ciento del total de las operaciones de despacho aduanero del país.

De acuerdo con coordinador del Lacen-UNAM, las deficiencias de un Estado de derecho donde impera la corrupción y predomina el crimen organizado, se reflejan en la pérdida de 19 por ciento de la riqueza interna que genera nuestra sociedad.

“El Gobierno debe blindar al mercado interno a través de fortalecer la seguridad pública en la producción, distribución y venta final de la producción. En estos tres niveles se debe minimizar la presencia del crimen organizado. También se debe combatir la dominancia y predominancia de empresas”, subrayó.

Martínez Cortés planteó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe blindar los principales puntos de producción agrícola y manufacturera para detener la participación del crimen organizado, que se ha conformado como un monopolio que incide en los precios en la producción, distribución y venta, además de determinar temporalidad y volumen de cosecha de productos agrícolas y fabricación de bienes.