El gobierno mexicano detuvo de forma temporal una solicitud de arbitraje internacional contra el país interpuesta en materia de energías renovables por los fondos de inversión canadienses Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) y CDP Groupe Infrastructures Inc.
Los reclamos fueron registrados el 15 de diciembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, según el portal del organismo, e invocan el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).
La Secretaría de Economía informó en un comunicado del acuerdo alcanzado para “buscar una solución satisfactoria sin necesidad de tener que utilizar el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado”, conforme al TIPAT.
Agregó que el reclamo fue presentado, originalmente, por los dos fondos canadienses el 27 de noviembre “por cuenta propia y en representación de ciertas empresas constituidas en México”, cuya identidad no detalla, y no fue registrado hasta mediados de este mes.
La demanda se refería a los sectores de “energía eléctrica y otras energías”, e iba dirigida contra la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la dependencia federal, según el portal del Banco Mundial.
“La Secretaría de Economía reitera su compromiso con el diálogo entre las empresas para encontrar una solución dentro de lo establecido en el Tratado”, dijo en el documento.
En la página del CIADE aparece, con fecha 19 de diciembre, que el proceso está suspendido ”conforme al acuerdo de las partes involucradas”.
Durante su mandato, iniciado en 2018 y que concluye en 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado diversos cambios legales para favorecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), dándole preponderancia frente a otras firmas extranjeras y de energía renovable, algunas de ellas de Canadá.
En respuesta a la preocupación de las compañías de energías renovables canadienses, el mandatario mexicano conversó, en enero, sobre el asunto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, en un encuentro en la capital mexicana, donde recibió después a representantes de varias firmas de ese país.
Un funcionario familiarizado con el asunto dijo, entonces, que las empresas en cuestión habrían sido el fondo de pensiones Caisse de dépôt et placement du Québec, ATCO, Northland Power Inc y Canadian Solar Inc.
De acuerdo con un análisis de la calificadora Fitch, el sistema eléctrico nacional requiere inversiones y políticas que promuevan el desarrollo y la inversión en el sector. Conforme la demanda de energía por parte de empresas crece en el país, añadió, la red de distribución y transmisión necesita expandirse y modernizarse para soportar la entrada de nuevas plantas de generación y proyectos de energía renovables que generan intermitencia en la red.
Además del arbitraje, Canadá y Estados Unidos solicitaron, en julio del 2022, consultas sobre solución de disputas con México argumentando que las políticas nacionalistas de López Obrador en el área de energía violaban el acuerdo comercial de Norteamérica, T-MEC.
Hasta el momento siguen las negociaciones de esta disputa energética.
La dependencia que encabeza Raquel Buenrostro confía en que estas diferencias no llegarán a un panel de solución de controversias, como sí sucedió con el tema del maíz transgénico, el cual, dice, es un tema más político que legal.
Se espera que ambos asuntos queden resueltos en 2024, el último año de gobierno de López Obrador.
