Las acciones de expropiación que llevan a cabo el Gobierno federal desalientan la atracción de inversiones, en particular las de nearshoring, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tras la ocupación de una planta de hidrógeno en Tula, Hidalgo, decretada el viernes pasado.
En un comunicado, sentenció que lejos de representar un acto de soberanía, estas acciones se convierten en un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica.
La autoridad federal desarrolla una estrategia de reestatización de ciertas actividades económicas, “cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas como ocurrió recientemente con la compra, gestión y distribución de medicamentos y la operación de una línea aérea”, advirtió.
El pasado 28 de diciembre, el Gobierno federal expidió un decreto por el que declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación, y demás mejoras de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en la fracción de terreno al interior de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula de Allende, estado de Hidalgo.
En el mismo acto jurídico, ordenó la ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial como empresa productiva del Estado subsidiaria de Pemex.
Al respecto, la Coparmex manifestó su “profunda preocupación y rechazo” a las acciones de expropiación llevadas a cabo por el Gobierno federal.
“A estos riesgos, en Coparmex advertimos un daño adicional: desalentar gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar la gran oportunidad que nos abre la relocalización de empresas y cadenas productivas o nearshoring”, reiteró el sindicato patronal.
