La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló en su informe Perspectivas de Integridad y anticorrupción 2024, que varios países pertenecientes a este organismo, entre ellos México, cuentan con un plan para combatir la corrupción, pero pese a ello, en temas como las sanciones por conflicto de interés de los funcionarios, todavía el país está muy lejos de cumplir con la reglamentación.
México es de los países que está adoptando un plan estratégico para reducir los riesgos de corrupción con un sistema de integridad coherente y global, que es una de las grandes recomendaciones de la organización; además de que es de los países que abordan el fraude y la corrupción en su marco de control interno.
Sin embargo, en el componente relacionado con conflictos de intereses de funcionarios públicos, México aparece como un país que no reportó declaraciones presentadas durante los dos últimos años calendario, mientras que en promedio, los países de la OCDE cumplen con 76 por ciento de los criterios en materia de reglamentación y 40 por ciento en materia de práctica relacionada con los conflictos de interés.
Además, las sanciones por deshonestidad de funcionarios están prescriptas en la reglamentación mexicana, pero no se aplican en la práctica, reporta la OCDE. Ante esto, México entra en la lista de países que no rastrean el movimiento de funcionarios hacia sectores que anteriormente regulaban.
El informe de la organización también señala que “los marcos de integridad y anticorrupción de los países de la OCDE están mejorando, pero existe una gran brecha en la implementación, lo que significa que los países están abiertos al riesgo de corrupción”.
Por otro lado, cuando se mide la implementación de las recomendaciones de auditoría interna, hay un rezago en el promedio de países de la OCDE que lo implementan, y sólo México cumple con 100 por ciento.
Pero, la organización exhibe que el país no revisa ni 60 por ciento de las declaraciones de interés, esto deja al país expuesto a la posibilidad de que presente declaraciones falsas, engañosas o incompletas; además de que no hay una política de datos abiertos.
transparencia en partidos. La OCDE sostiene también que sólo el 60 por ciento de los países tienen un organismo independiente con el mandato de supervisar el financiamiento político y México sí cuenta con un organismo: el Instituto Nacional Electoral (INE), pero “si no las respaldan con instituciones de supervisión efectivas con la independencia y la autoridad legal para regular significativamente a los posibles infractores, las regulaciones pueden ser mucho menos efectivas”, asegura la organización.