El 18.8 por ciento de la venta de cigarros de tabaco en México son de origen ilegal y representan una merma fiscal que podría superar los 13 mil 500 millones de pesos al año, de acuerdo con cifras del Instituto Oxford Economics, retomadas por el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio).
De acuerdo con la organización, el crimen organizado obliga a los comerciantes a vender este tipo de mercancía ilegal, la amenaza es que si no lo hacen quemarán sus negocios.
Según sea el tamaño del local es el monto de la extorsión que el crimen organizado exige, puede ser desde 3 mil hasta 15 mil pesos por visita, no sólo obligan a los vendedores a comercializar productos ilegales, sino también los extorsionan, como en la colonia Juárez, a dos cuadras de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, donde 15 establecimientos eran extorsionados.
También se tiene registro de que en Michoacán y Guerrero suceden este tipo de delitos, en donde, dependiendo del grupo que extorsione, pueden exigir a los comerciantes desde 10 mil hasta 15 mil pesos, aseguró a La Razón Gerardo López Becerra, presidente de Concomercio.
El fenómeno de obligar a los comerciantes a vender productos ilegales, Concomercio lo registró desde el año pasado cuando observaron que al crimen organizado ya no le bastaba la distribución realizada en tianguis y vía pública, ya que ahora empezaron con este modus operandi; es decir, como una “empresa negra” que introduce productos ilegales en los canales legales de comercialización, para obtener recursos.
“El pequeño comercio no tiene la estructura para poder resistir los embates y amenazas del crimen organizado y muchas veces no nos sentimos respaldados por las autoridades locales para evitar ser presionados por los grupos criminales”, señaló López Becerra.
Además de los cigarros, el crimen organizado también ejerce coerción para que las “tienditas” vendan productos de limpieza, cerveza, o perecederos como yogurt y lácteos. Los grupos delincuenciales que operan en el país son quienes definen las pautas comerciales en algunas regiones de México, si los comerciantes se niegan a vender estos productos son víctimas de ataques a su integridad, su familia y negocio, lamentó López Becerra.
“Si no se detiene la extorsión a negocios pequeños a manos del crimen organizado, puede provocar un colapso de salud y económico de tamaños titánicos para el país, se necesitan acciones inmediatas”, aseguró.
Guanajuato es uno de los estados que tienen mayor incidencia de violencia, pues encabeza el listado nacional de homicidios, con 481 asesinatos en enero y febrero de este año.
El presidente de Concomercio exhortó a que los tres órdenes de gobierno lleven a cabo una estrategia que enfrente al crimen organizado para que los ciudadanos, así como los pequeños y medianos comerciantes dejen de ser víctimas de la extorsión.
Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia, dijo en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA que es fundamental catalogar el delito de extorsión como grave. Es un problema que causa dolor a las familias, y además las personas no quieren denunciar porque se sienten amenazadas, su propuesta para bajar este delito es lograr que la extorsión pueda ser investigada de oficio.
