Debido a que los ingresos actuales del sector público no son suficientes para atender las demandas y necesidades del país, lo que ha llevado a un incremento en el endeudamiento de México, es inevitable hacer una reforma fiscal progresiva para aumentar los recursos presupuestales, pero, además, se requiere mejorar la gobernanza del gasto, señaló la Alianza por la Justicia Fiscal.
Durante el webinar “Gasto Público Justo y Eficiente”, Jorge Cano, investigador de México Evalúa, señaló que pese a que la recaudación tributaria aumentó 14.4 por ciento de 2018 a 2023 y pasaron de representar el 12.7 por ciento del PIB al 14.2 por ciento, no se ha visto una mejora en los indicadores de bienestar de la población y, por el contrario, ha habido un retroceso.
Apuntó que, por ejemplo, las personas con carencias de servicios de salud pasaron de 20.1 millones en 2018 a 50.3 millones en 2022; asimismo, la población con rezago educativo aumentó de 23.5 a 25.1 millones en el mismo periodo y, además, la proporción de viviendas que recibe agua diariamente, se redujo de 69.5 por ciento, en 2018, a 65.8 por ciento, en 2022.
En este sentido, Jorge Cano comentó que aunque es necesario un aumento de los ingresos por medio de una reforma fiscal, esto no bastaría, ya que se requiere garantizar una gobernanza en el gasto, pues pese a que existe una Ley de Responsabilidad Hacendaria, la falta de controles y supervisión permite que se hagan cambios en el presupuesto sin que esto tenga que ver con la reducción de desigualdades.
Mencionó que esto se puede comprobar haciendo un análisis al presupuesto, pues, por ejemplo, de 2018 a 2023, los recursos para el rubro de justicia se redujeron 17 por ciento, los de asuntos de orden público (policías municipales) bajó 31 por ciento, para protección ambiental el presupuesto fue 25 por ciento menor entre 2018 y 2023 e incluso áreas importantes del gasto como educación y salud sólo han tenido incrementos del 2.0 por ciento.
Con base en esto, dijo que la Alianza por la Justicia Fiscal —integrada por diversas organizaciones civiles como Fundar, Oxfam México, la UNAM, el CIEP, entre otras— ha formulado una propuesta fiscal con seis ejes, que son: etiquetar ingresos para fines específicos, garantizar presupuesto de salud para personas sin seguridad social, fortalecer la regulación de las adecuaciones presupuestales, mejorar la transparencia de los ingresos excedentes y endeudamiento, así como la rendición de cuentas de los fideicomisos y medir el impacto presupuestario de reformas legislativas.
Por su parte, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, dijo que garantizar el espacio fiscal y la responsabilidad presupuestaria es un reto estructural que se ha observado en las últimas tres administraciones, lo que viene a demostrar que es urgente una reforma fiscal y mayores mecanismos de control para el manejo del presupuesto público.
Tan sólo, destacó que la falta de controles y supervisión en el uso del presupuesto público permitió al Gobierno realizar cambios discrecionales, ya que ejemplificó que en 2018, el Ejército contaba con fideicomisos cuyos recursos representaban menos del 1.0 por ciento del saldo total de éstos y la Marina no tenía ninguno, pero para 2023 ya manejaban 19 y 4.0 por ciento del total, respectivamente.
En este sentido, Diego de la Mora, director ejecutivo de Fundar, abundó que ampliar los ingresos del Gobierno a través de impuestos, sin que esto se acompañe de mecanismos que aseguren un mejor ejercicio de los recursos y la calidad del gasto, difícilmente hará que se cumpla con la responsabilidad hacendaria.
“El gasto más eficiente y justo haría una serie de cosas que urgen en un país como México. Uno de ellos es reducir la desigualdad, otro es garantizar derechos, además de aumentar el bienestar de la población, así como un desarrollo más sostenible”, resaltó.
