En Monterrey, Nuevo León
Debido a la posibilidad de que para el próximo año el Gobierno federal reduzca el déficit fiscal que se proyecta cierre en 5.9 por ciento del PIB este año, líderes industriales temen que la inversión pública en infraestructura se vea afectada para cumplir con ese objetivo, más aún cuando se ve una clara desaceleración en el nearshoring en México a causa a de la falta de certidumbre por la reforma judicial.
Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que pese a que la velocidad de las inversiones del nearshoring están disminuyendo por la incertidumbre jurídica, los montos de IED que están entrando al país “son importantes”.
En la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI), donde se notó la ausencia de los seis secretarios de Estado que asistirían al evento, el industrial señaló que la reforma judicial tiene y “va a llegar a un buen término” y para ello se debe priorizar el diálogo. “El radicalismo en esta situación no jala”, remarcó.
Detalló que preocupa al sector que la anunciada reducción del déficit público — que se prevé baje a 3.5 por ciento del PIB—, sea sinónimo de menor inversión pública en infraestructura estratégica.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el gasto que representó los grandes proyectos de infraestructura emprendidos en la pasada administración fue lo que provocó este elevado déficit por lo que la dependencia considera que no será un problema reducir dicho desequilibrio fiscal a la mitad.
Sin embargo, dijo que no hay presupuesto público que alcance para atender tantas necesidades de infraestructura y, por ello, este Gobierno requiere enfocarse en incrementar la inversión pública a 5.0 por ciento del PIB, así como promover esquemas de inversión público–privada en infraestructura.
“Es crucial asegurar montos crecientes de inversión en carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, terminales multimodales, obras de telecomunicaciones, infraestructura energética, hídrica, educativa, de salud, movilidad urbana y vivienda social”, puntualizó.
Durante su discurso presentó un decálogo de acciones que desde el sector industrial consideran prioritario que la Presidenta Claudia Shienbaum atienda para seguir siendo competitivos ante el nearshoring.
Entre los puntos que dijo que se deben atender, está implementar una política recaudatoria eficiente y equitativa, en la que se contemple combatir las prácticas ilegales y desleales de comercio internacional, como el contrabando, subvaluación y el dumping; y “mantener una política arancelaria firme con las naciones con las que no tenemos tratado de libre comercio”.
Además, Alejandro Malagón señaló que se requiere asegurar la participación de la iniciativa privada en el sector energético para que en conjunto con el sector público se logre la meta de que 40 por ciento de la energía generada en México en el 2030 provenga de fuentes renovables. También se pronunció porque se conforme un frente común en la Revisión del T-MEC”.
Cabe señalar que, a través de un vídeo, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que la dependencia trabaja de la mano con todos los sectores industriales “para que sea mucho más cercana a la relación, para cuidar las inversiones.