El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), envío a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para el anteproyecto de Decreto que busca regular la importación de vehículos usados al territorio nacional, conocidos como autos chocolate, señala el documento, que, de aprobarse, dará continuidad al Decreto previo que finalizó el 30 de septiembre pasado y coexistirá con la regulación que impulsó el expresidente López Obrador en 2022.
En el anteproyecto colocado en Conamer el 31 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que éste fue prorrogado desde 2011 y hasta el 30 de septiembre de 2024, y dio certeza jurídica a importadores y propietarios de vehículos usados de la franja fronteriza norte, como del resto del país, “reduciendo las brechas de desigualdad de la población, mediante el acceso a un medio de transporte digno”.
Asimismo, indicó que ante la actividad económica que tiene la franja norte del país con Estados Unidos, y para cumplir con el capítulo dos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es necesario “mantener condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados”.
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Por lo anterior, se considera necesario que el Gobierno de México tome medidas para la mejora del bienestar y patrimonio de la población, así como su seguridad, y “se estima urgente y necesario emitir el presente decreto, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados”.
Al respecto, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) celebró que el anteproyecto y el anterior decreto coinciden en requisitos clave como el cobro de gravámenes del 1.0 al 10 por ciento en ciertas fracciones arancelarias o tipos de vehículos, tomando en consideración la antigüedad de las unidades, regla que también se aplica para la solicitud del certificado de origen y, en caso de no contar con él, entregar una declaración por escrito de decir verdad suscrita por la armadora, todo ello, para dar certeza a las importaciones.
La industria automotriz consideró que el proyecto “es sensible al problema económico, ambiental y fiscal que implica la importación de vehículos usados”, por lo que urgió a que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ya que aseguró que, al ser publicado dará certeza jurídica a la comercialización de dichas unidades, “...Apoyamos su existencia misma”.
Decreto de AMLO
Debido a lo anterior, la Asociación exhortó a eliminar el “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados” que llegaron a México de manera ilegal y que promulgó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, ya que de seguir vigente, “generará una importante merma en la recaudación fiscal”, favoreciendo el lavado de dinero y el crimen organizado.
El 18 de octubre de 2021, López Obrador instruyó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía (SE), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a realizar acciones “en relación a la importación definitiva de vehículos usados”, pues el decreto que surgió desde 2011 no era suficiente para mitigar las problemáticas de “la internación a territorio nacional de los autos chocolate cuya legal estancia no ha sido tramitada conforme a las disposiciones legales”.
Fue hasta el 19 de enero de 2022 que surgió el Decreto que la AMDA busca detener, y en los años siguientes (2023 y 2024) el expresidente modificó su vigencia, hasta que el 26 de septiembre, a unos días de dejar la Presidencia de México, la prorrogó nuevamente hasta 2026 a través de la SHCP y no por parte de Economía.
En 2022, el Decreto pretendía regularizar los vehículos usados que ya se encontraban en entidades como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, entre otras, y que no contaban con un documento que acreditara su estancia legal, además de solicitar otros requisitos de manera inicial y que no evolucionaron con las modificaciones posteriores.
El trámite tuvo un costo de 2 mil 500 pesos, se otorgaron estímulos fiscales “equivalentes al monto de las contribuciones y multas federales que se causen o generen” y los recursos obtenidos serían utilizados para la repavimentación de los municipios donde se regularizaron estos vehículos.
Asimismo, para el 29 de diciembre de 2023, un millón 916 mil 327 vehículos ya eran legales, y se habían recaudado 4 mil 790 millones 817 mil 500 pesos.
Para el 28 de marzo de 2024, 2 millones 161 mil 251 vehículos fueron regularizados y recaudados 5 mil 403 millones 127 mil pesos; y finalmente, para el 26 de septiembre de 2024, se habían recaudado 6 mil 398 millones 140 mil pesos y 2 millones 559 mil 256 vehículos regulados.
La AMDA señaló que, de seguir este Decreto, “se propiciará la simulación procesal al declarar cumplimiento a la Regla de Origen sin los elementos metodológicos contemplados en el T-MEC, lo que podría alentar situaciones de corrupción de funcionarios públicos”.
