La sentencia a Donald Trump por 34 cargos criminales relacionados con el caso Stormy Daniels fue aplazada por el tribunal de Nueva York sin explicación oficial.
El anuncio se dio el mismo día que la Fiscalía de Manhattan, liderada por Alvin Bragg, debía presentar su recomendación sobre cómo proceder en el caso.
Trump fue declarado culpable en mayo por falsificar registros comerciales en relación con un pago de 130 mil dólares realizado por su exabogado, Michael Cohen, a la actriz Stormy Daniels, con el objetivo de silenciar acusaciones sobre una presunta relación antes de las elecciones de 2016. Aunque el veredicto podría haber resultado en una pena de hasta cuatro años de prisión, el regreso de Trump a la presidencia ha complicado los plazos y las implicaciones legales.
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El juez Juan Merchan, encargado del caso, había programado inicialmente la sentencia para el 26 de noviembre, pero la postergó tras una solicitud de la Fiscalía. Según el fiscal adjunto Matthew Colangelo, el aplazamiento busca evaluar el impacto de la reciente victoria electoral de Trump y las protecciones legales que podría tener como presidente.
La decisión también se enmarca en un fallo de la Corte Suprema de julio, que establece inmunidad para presidentes en funciones frente a acciones legales relacionadas con sus funciones constitucionales. Sin embargo, este principio no ha sido probado en casos de condenas estatales por conductas personales, como es el caso de Trump.
El equipo legal del presidente electo ha insistido en la anulación de los cargos, argumentando que el proceso es una “caza de brujas” con motivaciones políticas. Mientras tanto, Bragg enfrenta diversas opciones: proceder con la sentencia, posponerla hasta que Trump deje el cargo en 2029, o incluso solicitar la anulación de la condena.
Expertos legales anticipan que cualquier decisión podría demorarse, ya que es poco probable que Trump enfrente tiempo en prisión durante su mandato. A esto se suma la posibilidad de que otros casos federales en su contra sean desestimados debido a la tradición de no procesar a presidentes en funciones.
Con información de Fox News y Washington Examiner.
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