Si se aprueba la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se debilitaría la gobernanza tripartita (trabajadores, gobierno y empleadores) que tiene la institución y que permite que exista transparencia, eficiencia y el uso adecuado de los recursos, señaló José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“Creo que como toda empresa es importante tener una gobernanza sólida, y creo que eso es lo que se estaría debilitando en caso de aprobarse la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tal y como se anunció”.
El presidente del IMEF aseguró que los objetivos sociales que tiene el Gobierno de México son válidos, y que cualquier reforma que se quiera hacer en materia de vivienda para los trabajadores, debe hacerse, pero con “los principios de gobernanza tripartita”.
Con los cambios al Comité de Auditoría y la Comisión de Vigilancia se quita el equilibrio de poderes, y justo son esos órganos los encargados de que se tengan buenos resultados en las inversiones; asimismo, aseguró que es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien tiene las facultades para “revisar y autorizar” se mantenga, destacó Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF.
El analista dijo que, no prevé que con la reforma se afecten los recursos de los trabajadores, pero sí determinó que si el Gobierno federal es el único encargado de presidir la Asamblea de Gobierno y el Consejo de Administración del Infonavit, se eliminarían los equilibrios.
Para Víctor Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, que el Infonavit construya vivienda y tenga un modelo de arrendamiento no es lo mejor, pues a lo largo del tiempo, se ha necesitado rescatar al instituto en varias ocasiones, como ocurrió en la década de los 80, y tampoco ha sido bueno en cobrar las hipotecas, “si vemos los estados financieros del Instituto a septiembre, tiene casi 20 por ciento de cartera vencida”, sostuvo.
Los recursos de los trabajadores son usados por el organismo, y en ese sentido, el organismo necesita tener “un alto nivel de transparencia y de rendición de cuentas, pues al igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no “están garantizados por el Gobierno federal”, pues si así fuera, sería una carga de deuda adicional al Soberano, que no podría solventar.
“Si empiezas a utilizar el dinero que hoy tienen los trabajadores constante y sonante en valores bursátiles realizables y lo inviertes en construcción que, no ha habido un buen historial con eso, y si lo inviertes en rentas que es gente de alto riesgo que no puede pagar una casa, entonces el perfil de riesgo de los activos que están amparando los depósitos de los trabajadores, sí aumenta sustancialmente”, aseguró.
Por su parte, Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), hizo un llamado al Poder Legislativo a actuar con responsabilidad y no hacer reformas fast track, ya que dijo, deben hacerse después de un análisis profundo y debe pasar por comisiones y parlamentos abiertos.
Ortega Azar dijo que, la reforma debe hacerse con la participación de los “mejores especialistas que tiene este país”, con un análisis serio, que se estudie y analice, porque si no, ocurren situaciones como con las reformas constitucionales pasadas, donde hubo errores gravísimos de redacción. “El llamado es no sólo a los diputados y senadores, sino a todos mis compañeros presidentes de las cúpulas empresariales a sumarnos en este esfuerzo para trabajar por el bien de los trabajadores y por el bien de cada uno del sector productivo de México”, aseguró.
Añadió que pese a que la inicitiva fue enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se debe analizar en comisiones y parlamentos abiertos.
Asimismo, señaló que, si el Gobierno se queda con el poder absoluto y decide en los diferentes consejos de vigilancia, al interior del Infonavit, se corre el riesgo de que las decisiones no serán cuidadas. En ese sentido, exhortó a todos los organismos empresariales para levantar la voz, porque al ser órganos obligados de consulta, tienen el derecho a participar en la toma de decisiones con el objetivo de proteger a los industriales de México, pero también a las personas trabajadoras.
“Porque cada una de las empresas subsiste por los colaboradores y en ese sentido, aporta el trabajador, aportamos los patrones y aporta el gobierno, pero no puede ser que quieran hacer en cada momento ocurrencias”.
Reconocen trabajo en seguridad
El mensaje que ha dado el Gobierno en materia de seguridad, es un mensaje muy distinto al de la administración pasada, señaló José Figueroa Palacios, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), a pregunta expresa de La Razón.
“Esta administración, está mandando mensajes de que se están ocupando en ello, creo que están desarrollando estrategias. Deseamos que sean exitosas y que tengan un impacto importante para disminuir la inseguridad”, indicó.
Esperanza Ortega Azar, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), aseguró que, aunque el Gobierno federal ya implementó una estrategia de seguridad que dio resultados, en Sinaloa, la violencia no ha podido ser controlada, “en especial en Culiacán, donde día a día aparecen decapitados, muertos… sí ha habido pérdidas cuantitativas, los negocios tienen determinado horario, nuestra delegación, ahí está sufriendo”.
Asimismo, exhortó a que se denuncie cualquier delito, aunque sea de forma anónima, “porque la autoridad no puede sola… Queremos un México seguro, queremos un México tranquilo, que en cada uno de los estados podamos respirar esa tranquilidad que no hay hoy… no ha parado la violencia”.
