Con groserías, ofensas y hasta amenazas de muerte, fue como la aplicación de “préstamos” Mexicash buscó que Valentina, comerciante de la Ciudad de México, pagara una deuda de mil 200 pesos por un préstamo de 750 pesos, cinco días después de solicitar el dinero. La app actualmente no cuenta con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), además sigue disponible en la Google Play Store.
“Me mandaron mensajes con palabras altisonantes, ofensas. Me enviaron la ubicación de mi casa para decirme que estaban muy cerca de mí y que iban a venir a matarme, posteriormente le hablaron a mis contactos para decirles que yo debía dinero y que si ellos no pagaban yo iba a terminar muy mal”, cuenta la joven de 25 años a La Razón.
Un problema familiar y el hecho de no poder acceder al sistema financiero tradicional, fue lo que llevó a Valentina a recurrir a este tipo de opciones fraudulentas y lidiar con una pesadilla, al igual que 11 mil 131 personas más que han denunciado ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en 2024.
El organismo señaló a este diario que esta cifra representa 29.8 por ciento más que en 2023, cuando registró ocho mil 573 casos; incluso, desde 2020 el Consejo ha recibido ya más de 33 mil 225 reportes de víctimas de este tipo de aplicaciones, aunque sólo mil 287 personas decidieron denunciar e iniciar una carpeta de investigación, señaló María Elena Esparza Guevara, consejera honoraria en género, del Consejo Ciudadano de la CDMX.
El 61 por ciento de las víctimas son mujeres debido a que “están menos conectadas al mercado laboral, porque todavía existe la brecha laboral, así como menos posibilidades para acceder al sistema bancarizado. Entonces, es más difícil para ellas conseguir un préstamo en una institución bancaria, al no tener una actividad laboral comprobable”, indicó.
Esparza Guevara explicó que del total de casos que ha recibido la organización, 50.6 por ciento refieren que las amenazas e insultos sí se concretaron en extorsión. La directiva sostuvo además que es tanta la presión que ejercen hacia las víctimas que, al no poder saldar el préstamo pueden llegar incluso a la ideación suicida.
Por su parte, 17.7 por ciento de las personas refirieron que las amenazas incluían divulgar información personal o sensible; mientras que 11.8 por ciento dio cuenta de una nueva modalidad de delito: los préstamos fantasmas, con 11.8 por ciento de las menciones. “Te dicen que sí te van a hacer el préstamo, pero en realidad el dinero nunca llega a tu cuenta y de todas formas te cobran”, señaló al recordar que 44.5% de los reportes son de otros estados diferentes a la CDMX.
Los montos de los préstamos, generalmente son bajos, “y ese es el gancho por el cual estos delincuentes encuentran a sus víctimas” y a su vez, las personas que son víctimas consideran que, al pedir un monto bajo podrá ser manejable; sin embargo, cuando “vuelven a abrir la aplicación resulta que no deben eso, ya deben cinco o 10 veces más”, sostuvo Esparza Guevara.
Según cifras del Consejo Ciudadano, 40.7 por ciento de los casos ascendió a préstamos de mil pesos; 23.3 por ciento, de mil a 2 mil 500 pesos; 14.6 por ciento, de 2 mil 500 a 10 mil pesos; 9.5 por ciento, de 5 mil a 10 mil pesos; 7.5 por ciento, de 10 mil pesos a 25 mil pesos; 3.1 por ciento, 25 mil a 50 mil pesos; 1.1 de 50 mil a 100 mil pesos; 0.2 por ciento de los 100 mil hasta los 250 mil pesos.
Pero, no sólo la Google Play Store tiene aplicaciones de este tipo, aunque en menor cantidad, también las personas que cuentan con un sistema operativo iOS (Apple) pueden encontrarlas. Un ejemplo es “Mr Cash Back”, cuya razón social no se encuentra en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Condusef, pero oferta préstamos en 24 horas luego de dejar algo de valor en garantía, con una “tasa porcentual anual máxima del 36%... Se aplican costos de envío, costo de almacenaje (3%) y costo de servicio (20%).
Para Esparza Guevara, el problema no está en la aplicación de la ley, “ni una ausencia de acción de parte de la autoridad”, porque las autoridades sí hacen operativos y los casos sí “se judicializan”; el problema está en que en la mayoría de casos, no desean abrir una carpeta de investigación.
“En la parte jurídica técnica, los delitos que están relacionados con las carpetas son las amenazas, el delito de cobranza ilegítima y la extorsión, los tres están contemplados en el Código Penal tanto de la Ciudad de México como a nivel nacional, entonces esa parte legal, ya está”, acotó.