A 100 días del inicio del actual Gobierno federal, éste ha dado diversos golpes a la piratería con la Operación Limpieza, estrategia que lidera la Secretaría de Economía (SE), a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y donde se han asegurado mercancías ilícitas con un valor de más de 500 millones de pesos, que se comercializan en plazas y centros comerciales, y que en algunos casos, están ligados a grupos criminales como la Unión Tepito, Anti Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, por mencionar algunos.
En entrevista con La Razón, Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, señaló que esta estrategia de combate frontal a la piratería y al contrabando —realizada en conjunto con las Secretarías de Marina, Defensa Nacional, de Seguridad Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, gobiernos y fiscalías estatales— busca proteger a la industria nacional y extranjera, a los empleos que se generan en México y dar cumplimiento al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“La Operación Limpieza está vinculada con cómo hacemos que los productos falsificados y los productos de contrabando que ingresan a nuestro país sean retirados del mercado en beneficio de las empresas mexicanas... Y con las directrices de la Secretaría de Economía, la idea es mandar un mensaje a las empresas extranjeras que quieran instalarse en nuestro país de que la Propiedad Industrial se protege en México, ése es el objetivo”, indicó.
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Asimismo, Nieto Castillo aseguró que el IMPI trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para no permitir que ingrese mercancía ilegal al territorio mexicano mediante visitas de frontera, y en 100 días se han realizado 17 operaciones de este tipo. Las visitas de frontera son las verificaciones que se realizan en los contenedores que llegan a las agencias aduanales.
El funcionario federal señaló que la información para realizar las visitas de frontera es aportada por empresas, aduanas mexicanas o a partir de investigaciones de inteligencia que realiza el instituto que dirige.
Santiago Nieto Castillo tiene claridad sobre la tarea que le encomendó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía: combatir frontalmente a la piratería, ilícito que aseguró no es menor; por ejemplo, la falsificación que se hace de textiles ha provocado la pérdida de más de 60 mil empleos en el sector industrial “la idea es proteger a la industria nacional”.
Por la Operación Limpieza, el Gobierno federal ha detectado que grupos del crimen organizado tienen participación en la introducción, distribución y comercialización de mercancía ilegal a través de las aduanas.
“Hay una vinculación en materia de contrabando, innegable, entre grupos de delincuencia organizada vinculados con la introducción en aduanas de material ilícito y por supuesto con sus distribuciones y su comercialización”, admitió.
En el caso del decomiso que se hizo en Izazaga 89 en la Ciudad de México (CDMX), donde se aseguraron más de 250 mil productos, éstos provinieron de China y de otros países asiáticos de forma ilegal lo que ha ocasionado daños a las empresas que operan dentro del marco de la ley.
“No sabemos en qué magnitud, pero evidentemente lo que sí queda muy claro es que hay grupos de la delincuencia organizada operando, ¿quién opera en Tepito? Unión Tepito, Anti-Unión Tepito, ¿quién está operando en los mercados famosos en Jalisco? Grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿quién introduce material ilícito en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas? Evidentemente, grupos vinculados con La Familia, entonces no es un tema menor”, mencionó.
Y en ese sentido, el Gobierno de México luchará contra la piratería, además de combatir el lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal, pues incluso hay empresas que facturan y realizan operaciones simuladas y que se busca dar “golpes de precisión” en los grandes espacios donde se comercializan esos productos, y entonces a partir de ahí, enviar un mensaje de que las autoridades no permitirán ni tolerarán la venta de mercancía ilícita.
El IMPI tiene la facultad jurídica de realizar visitas de inspección y de resolver controversias cuando existe un daño a una marca o patente, pero también puede intervenir en temas de contrabando y piratería.
En caso de que la empresa afectada no quiera seguir con un procedimiento penal, el IMPI decomisa los productos y su Junta de Gobierno autoriza la destrucción de esa mercancía; en ese escenario, las empresas con perjuicio pueden contratar a una firma para la eliminación de los productos apócrifos, o bien, el IMPI puede hacerlo, explicó.
Santiago Nieto señaló que el IMPI también puede actuar de oficio, como ocurrió en el caso de Izazaga 89, en el que se tuvo conocimiento de las irregularidades que ocurrían en el local comercial; o también pueden actuar a petición de parte cuando la empresa afectada denuncia el ilícito.
Si la empresa o titular del derecho decide iniciar un procedimiento penal, deberá presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio Público hará “el aseguramiento ministerial, pero ahí ya no nos corresponde a nosotros, sino al Ministerio Público y hasta que no termine el proceso penal” no se podrá continuar con la extinción de dominio, aseguró el directivo.
De acuerdo con datos de la SE, en la Operación Limpieza —que ya se realizó en cinco entidades: Ciudad de México; Hermosillo, Sonora; Saltillo, Coahuila; Ensenada, Baja California y Victoria de Durango—, se han asegurado alrededor de 7.2 millones de artículos de vestir, juguetes, maquillaje, perfumes, electrónica, textiles, material de oficina, calzado, entre otros.
El titular del IMPI indicó que está pendiente la destrucción de un gran número de muñecas de juguete que generaron un perjuicio a la compañía estadounidense Mattel, empresa que, como mencionó, “paga impuestos y da trabajo a mexicanas y mexicanos; entonces, esa es la idea, insisto, el proteger a la economía nacional”.
Y aseguró que la eliminación de mercancía siempre se hace en presencia de representantes de la marca y con “fedatarios públicos para que no quede duda respecto a la destrucción del material”. Asimismo, en el caso de Izazaga 89, hubo un retraso en el procedimiento, pero en febrero se cumplirán los plazos legales y se podrá hacer el procedimiento correspondiente. El funcionario destacó que se realizarán operativos próximamente en Veracruz.
“Haremos en fecha próxima el procedimiento que se fue en rebeldía, porque los tres locales que aseguramos en Izazaga no presentaron documentación que acreditara el ingreso lícito de sus productos, y vamos a esperar que en el mes de febrero se cumplan los plazos legales para poder hacer la destrucción de lo decomisado”, añadió.
ACCIONES DEL IMPI ANTE T-MEC. Aunque sólo tenga una función administrativa, el IMPI tiene la encomienda de proteger a la industria nacional y dar cumplimiento a los compromisos que México ha adquirido a través de diversos tratados comerciales, como el que suscribe con Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con Nieto Castillo, en los cinco estados donde se realizó la Operación Limpieza se confiscó mercancía con un valor de más de 500 millones de pesos, “significa que hay, evidentemente, un problema grande” y ante la próxima revisión del
T-MEC que se llevará a cabo en 2026, el combate frontal a la piratería y el contrabando ha sido una de las peticiones centrales que han realizado los socios comerciales de México.
“Hay un reporte que presenta la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que forma parte del Departamento del Tesoro, y que hace el reporte 301, en donde hay una Watch List y una Watch List Priority, México forma parte de la Watch List en materia de falta de contundencia en las acciones para atacar el contrabando y la piratería, de hecho, hay una crítica muy fuerte a las instituciones mexicanas, aunque se reconoce la labor de limpia en esa materia.
Y forma parte de los objetivos de la revisión del T-MEC, nosotros debemos cumplir con el estándar internacional que ya se encuentra en el Capítulo 20 del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para tener una mejor calificación y eso nos pueda ayudar en una revisión mejor para los intereses de México”, concluyó.
Izazaga 89, con sobrepeso, grietas y uso irregular por comerciantes
En 2021 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México (ISC) advirtió que el edificio de la Plaza Izazaga 89, que ha cumplido un mes de cierre por la venta de mercancía ilegal, tenía sobrepeso en niveles superiores, daños estructurales y no era usado para oficinas, como establecía el permiso, “lo cual puede derivar en un comportamiento estructural indeseable durante un evento sísmico importante”.
La Cédula de Inspección Post Sísmica Rápida obtenida por La Razón vía transparencia detalla que el inmueble ubicado en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, está autorizado para uso de oficinas y el peso máximo por metro cuadrado para este tipo de uso es de 250 kilogramos por metro cuadrado, pero en pisos altos había cerca de 350 kilos.
“Será necesario revisar de manera cuantitativa la seguridad y estabilidad estructural de la edificación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento debido a que se han incrementado significativamente las cargas originales destinadas a uso de oficinas, debiendo asentarse en el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural suscrito por un Corresponsable de Seguridad Estructural”, indica el documento con fecha del 9 de septiembre de 2021 y firmado por director general del instituto, Renato Berrón Ruiz.
El edificio conocido como México Mart, localizado en la avenida José María Izazaga 89, cumplió ayer un mes sin actividades comerciales luego de que personal del Instituto de Verificación Administrativa retiró los sellos de suspensión el 12 de diciembre pasado.
Esto ocurrió luego de que el 28 de noviembre, elementos de la Secretaría de Economía federal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como de la Marina e instituciones capitalinas, implementaron el Operativo Limpieza en el lugar y decomisaron 262 mil 330 productos que entraron a México de manera ilegal; además, no tenían las licencias de marcas como Disney, Sanrio, Marvel, Nintendo, entre otras.
Dos días después, y tras el anuncio de extinción de dominio del inmueble, la plaza cerró “hasta nuevo aviso” y los comerciantes sacaron los productos de los que sí tenían documentos. Actualmente el lugar, que cuenta con 15 niveles, es vigilado por autoridades capitalinas y no se permite la entrada a nadie.
El documento del ISC además detalla que, derivado del sismo de magnitud 7.1, del 7 de septiembre de 2021, el nivel 15 de la plaza tuvo desplazamientos de 15.7 centímetros, con dirección paralela a Avenida Izazaga, así como de 9.2 centímetros en dirección perpendicular; además, valores máximos de aceleraciones de 187 y 123 centímetros, respectivamente.
“El nivel de daño observado en elementos no estructurales no desligados corresponden con el nivel de daño esperado, que consistió principalmente en agrietamientos de muros de mampostería y rotura de cristales localizados sobre ejes paralelos a la avenida J.M Izazaga, así como ligeros daños en algunos acabados”, indica el dictamen.
El documento muestra imágenes de grietas en nervaduras del sistema de piso en la azotea, así como daño de uniones de elementos estructurales y no estructurales,
La autoridad aclaró que no había daños graves en el inmueble, por lo cual se dictaminó como de “riesgo bajo”; no obstante, emitió una serie de recomendaciones.
En el dictamen, el ISC sugirió implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo con particular atención en el sistema de piso, por lo que recomendó inyectar las grietas y fisuras, mejorar la impermeabilización e implementar un Programa Interno de Protección Civil que considere el uso actual del edificio.
“Será necesario revisar de manera cuantitativa la seguridad y estabilidad estructural de la edificación, de conformidad con lo establecido en el reglamento debido a que se han incrementado significaticamente las cargas originales destinadas a uso de oficinas” indica el dictamen.
Además, la autoridad capitalina consideró necesario añadir muros de concreto para mejorar el comportamiento estructural del edificio en caso de un sismo de magnitud alta.
El pasado 3 de diciembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que intensificará las acciones para combatir la venta de mercancía pirata con el objetivo de garantizar la legalidad y recuperar los espacios públicos en la Ciudad de México, pero no mencionó nada respecto a la seguridad del inmueble.
“Debemos garantizar la legalidad en cada uno de los comercios. Durante esta temporada, una de las tareas prioritarias es evitar el crecimiento descontrolado de comercios en vía pública, especialmente en el Centro Histórico, donde el desafío principal es organizar y recuperar los espacios públicos pendientes”, destacó.
Brugada Molina aseguró que no se trata de una acción dirigida contra productos de origen chino, sino que se aplicará en contra de quien comercialice mercancía ilegal, independientemente de la nacionalidad que tengan.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que fue la Secretaría de Economía federal la que llevó a cabo la revisión e incautó más de 260 mil piezas de mercancía que ingresaron al país de manera ilegal.
La Secretaría de Gobierno, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales colocaron sellos de suspensión de actividades en el inmueble, luego de verificar que el propietario no contaba con la documentación necesaria para unir dos predios.
“No existía el permiso para unir los inmuebles, por lo que el Invea procedió a suspender las actividades del lugar. Una vez que el propietario cumpla con los trámites requeridos, se levantará la suspensión y el inmueble podrá operar nuevamente”, explicó Cravioto Romero.
Actualmente, desde el exterior, el interior luce vacío y no hay vendedores, quienes esperan su pronta apertura.
