Los cambios del comercio con Estados Unidos por la imposición de aranceles, y las modificaciones constitucionales de la reforma judicial han posicionado a México en una creciente incertidumbre, en ese panorama se debe “estimular y fortalecer” la inversión productiva, pero para que eso suceda debe existir una mejora regulatoria “inteligente” que resguarde los derechos de las personas, y que dé certeza al “desarrollo de actividad productivas, general valor, además de respetar el medio ambiente”, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Según datos del Indicador de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR), la calidad de los instrumentos jurídicos que se tienen en México se incrementó en 2023 hasta 71.8 por ciento respecto del 69.1 por ciento de un año antes; además, la madurez de los organismos y dependencias que impulsan la mejora regulatoria aumentó de 53.4 por ciento en 2022 a 61 por ciento hace dos años.
Asimismo, la implementación de programas y políticas públicas en mejora regulatoria creció de 32 por ciento en 2022 a 41.7 por ciento en 2023.
El CEESP señaló que la mejora regulatoria ayudará a que las entidades y municipios tengan las “herramientas necesarias para eliminar obstáculos innecesarios” que impidan que se creen nuevas empresas, para que la regulación estimule y dé certidumbre.