El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmó un acuerdo con el Gobierno federal para posponer hasta febrero de 2021 la discusión de la reforma al outsourcing; lo que provocó el descontento de tres dirigentes empresariales del país, luego de que el organismo cúpula empresarial, respaldara la iniciativa de que la discusión se atrasara hasta febrero.
Tras dos semanas de diálogos en Palacio Nacional sin lograr un consenso sobre la subcontratación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se firmaría un acuerdo en el que solicitaron al Congreso de la Unión posponer hasta 2021 la discusión de la iniciativa para regular la subcontratación y exhortar a que en un plazo de 30 días sea aprobada como preferente.
El mandatario dijo que esta decisión se tomó luego de la falta de acuerdos con la IP, ya que todo debe ser en el marco de la ley y nada por la fuerza.
El acuerdo fue firmado por el Presidente López Obrador, Carlos Salazar Lomelín, dirigente del CCE, y Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); así como funcionarios y otros empresarios que respaldaron al Consejo Coordinador.
Más tarde, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) rechazaron el acuerdo al considerar que la iniciativa del Ejecutivo federal pretende coartar la libertad de la subcontratación.
“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, señalaron.
Los puntos que toca el acuerdo tripartita establecen que las partes están conformes y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.
También indicó que el esquema de reparto de utilidades necesita tiempo para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. “Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa”.
El IMSS, el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) harán un exhorto formal a las empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos se procederá de inmediato administrativa o penalmente, abundó el documento.
Pese al descontento público de la Canacintra, Coparmex y CNA, Carlos Salazar Lomelín negó alguna división dentro del CCE. Refirió que la decisión de rechazar el acuerdo responde a las necesidades de los agremiados de cada representación empresarial, de lo cual él siempre ha sido respetuoso, pero “la iniciativa privada mexicana está unida y trabaja de forma conjunta”.
Sin embargo, Francisco Cervantes Díaz, José Manuel López Campos, Antonio Del Valle Perochena y Carlos Salazar, representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el CCE, coincidieron en que las negociaciones van por buen camino.
“Lo más importante hasta ahora es haber logrado convencer al Presidente y a su gabinete de que la posición de prohibir absolutamente el outsourcing en México dañaría a la economía, desalentaría la inversión y afectaría el empleo”, destacaron de forma conjunta.
