El mayor riesgo de crear un superorganismo regulador, con la absorción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es la transformación de estos órganos en un instrumento político, aseveró la International Chamber of Commerce (ICC) México.
El organismo internacional con sede en París, Francia, y que se encarga de fomentar el comercio y la inversión extranjera en México, manifestó que es riesgoso que el Senado proponga a los comisionados, que serían nombrados por el Presidente.
“Esto significa que podrían nombrar a cualquier político que ellos consideren que cumple con los requisitos y convertir a la Cofece, IFT y la CRE en un órgano político y no técnico como lo son hoy”.
Esto significa que podrían nombrar a cualquier político que ellos consideren que cumple con los requisitos
El senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar con la finalidad de reunir a dichos órganos autónomos en uno solo, ya que comparten características similares, además de representar elevados costos en una administración que apuesta por la austeridad.
Al respecto, Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, recordó que otros países adoptaron estas medidas con la premisa de la austeridad cuando sufría problemas de presupuesto.
“El ahorro fue realmente menor, pero el costo de hacer todos los cambios y el estrés que le causaron a las instituciones fue muy grande y en México lo sería mayor cuando en estos momentos estamos viviendo una pandemia, estamos enfrentando un reto muy grande y poner a estas instituciones en un proceso de cambio para ahorrar una cantidad menor, no lo vemos justificado”, expresó.
El ahorro fue realmente menor, pero el costo de hacer todos los cambios y el estrés que le causaron a las instituciones fue muy grandeMiguel Flores Bernés
Flores Bernés resaltó las facultades que tienen la Cofece y el IFT ante la Fiscalía General de la República (FGR) para aplicar sanciones de millones de dólares, inhabilitar a personas para que puedan ejercer cargos de consejero, de gerente, de representantes de empresas hasta por cinco años, para ordenar la desincorporación de activos, y pueden, inclusive, ordenar que se desconcentren empresas.
“Quien tenga ese poder en las manos debe ser una persona con una gran experiencia en materia de competencia económica y que tome decisiones colegiadas con un grupo de personas, pero con conocimientos técnicos y, sobre todo, recalcaría esta palabra: se requiere de técnicos y no de políticos en esos puestos”, añadió.
KA
