La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que antes del cese de operaciones de Aeromar, se realizaron reuniones en las que la empresa intentó presentar algunas opciones para su recuperación económica; sin embargo, no se logró ningún acuerdo y a inicios de este mes se le informó que tenían que cumplir con los adeudos pendientes.
En entrevista, Jorge Nuño Lara, titular de la SICT, comentó que por esta razón no se le retiró la concesión, incluso cuando se conocía que no contaba con la solvencia financiera para continuar operando.
“Hubo algunas pláticas en las que ellos nos presentaban opciones de que se iban a recuperar, no llegamos a nada y fue que decidimos a inicios de febrero mandarles un comunicado para indicarles cuál había sido el adeudo y les dimos un plazo para hacerlo (el pago)”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre la razón por la que no se le retiro la concesión antes.
De acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley de Aviación Civil, las concesiones o los permisos entregados concluirán por: Vencimiento del plazo establecido en la concesión o de la prórroga que, en su caso, se hubiere otorgado; renuncia del titular; revocación; desaparición del objeto de la concesión o el permiso, y la liquidación o quiebra del titular.
La citada ley también refiere que se revocará la concesión si la aerolínea suspende, “en forma total, la prestación de los servicios sin autorización de la Secretaría, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor”, o por “incumplir con las obligaciones de pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios”, entre otras.
Ante ello, el subsecretario de Transportes de la dependencia, Rogelio Jiménez Pons, coincidió en que, pese a la incapacidad económica de la compañía, la autoridad le permitió operar y se le dieron múltiples facilidades durante un tiempo para que consiguiera inversionistas y se pudiera rescatar de la quiebra a la empresa.
“Pero se llegó a un punto en que ya no se podía seguir viendo cómo acumulaba más deudas y crecía el pasivo”, destacó Jiménez Pons.
Aeromar informó el domingo que su equipo administrativo mantuvo activa la búsqueda de inversionistas interesados en participar en el capital social de la compañía. Logrando que, en mayo de 2019, se incrementara este capital en un monto equivalente a 35 millones de dólares.
“En el tema financiero, se implementaron acciones de austeridad en lo referente a las remuneraciones y emolumentos para los cargos directivos de la empresa hasta que se restablecieran las condiciones económicas y financieras de la compañía; es decir no se repartieron dividendos, salarios o prestaciones a accionistas en 20 años”, destacó la compañía en un comunicado.
Proceso de huelga
Por otro lado, Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en derecho laborar y sindical, señaló a este diario que en el proceso de huelga, que avanza en este momento, los Sindicatos de Pilotos y de Sobrecargos (ASPA y ASSA) deberán adelantar algunas acciones para que se garantice el pago de las indemnizaciones de los trabajadores, así como el pago del último año de salarios.
Señaló que el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados tienen preferencia sobre cualquier otro acreedor, incluso por encima de aquellos que tengan garantías reales, e incluso están por encima del fisco y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Los trabajadores por ley tienen como protegidos los derechos de los activos del patrón, ellos llevan mano, esa es la regla que existe en la ley, ahora hay que ver en la práctica, porque pueden pasar muchas cosas, como determinar si la compañía tiene activos y luego ver si esos activos cubren las obligaciones laborales”, explicó.
Aseguró que lo único que puede garantizar el pago hacia los trabajadores es lo que dicta la Ley del Trabajo; sin embargo, dijo que ahora es momento de que los sindicatos tomen una posición más activa para que los activos no se “dilapiden y no se esfumen”.
