Las calificadoras Fitch y Moody’s coincidieron en que el crecimiento de las transferencias federales etiquetadas a los estados y municipios serán limitadas, por lo que les recomendaron ajustar su gasto de capital o emitir nueva deuda para evitar un desbalance en sus finanzas.
Para ella, sugirieron las entidades deberán aplicar medidas de disciplina fiscal y balancear sus presupuestos. En algunos casos, tendrán que hacer reformas legales para poder ajustar su presupuesto.
Moody’s explicó que los gobiernos locales y regionales dependen de las transferencias federales etiquetadas, incluyendo las aportaciones, que cubren los gastos de salud y educación, básicamente.
Por lo que dada su importancia, es difícil que el Gobierno recorte estos servicios; no obstante, las participaciones etiquetadas para infraestructura y otros programas sociales tienen una disminución desde 2016, lo que obligará a los estados a ajustar sus gastos de capital.
De acuerdo con Fitch, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) demuestran que con corte al mes de junio de este año, durante la primera mitad del año, las entidades recibieron 351.5 mil millones de pesos por concepto del Fondo General de Participaciones (FGP), un incremento de 9.6 por ciento con respecto a 2018. Sin embargo, el saldo estuvo 1.2 por ciento por debajo de lo estimado por la propia dependencia.
De igual manera, Moody’s dice que el crecimiento de las transferencias federales etiquetadas es limitado, a un menor ritmo, y estima que el alza anual de éstas se ubique en un rango de 6.0 a 8.0 por ciento, cercano a la mediana.
Para Fitch, si las participaciones siguen a la baja, el ejercicio presupuestal de gobiernos locales podría desbalancearse; es decir, los estados deberán hacer ajustes presupuestarios en el gasto público, a través de la adquisición de pasivos nuevos de corto o largo plazo para poder atenuar sus presiones de liquidez; o bien, cubrir sus planes de inversión para 2019.
Observó que 23 entidades han recibido menos recursos de lo estimado y entre las más afectadas por la diferencia porcentual entre lo recibido y lo estimado, están: Durango (-5.7 por ciento), Sinaloa (-5.3 por ciento), Aguascalientes (-5.3 por ciento), Chiapas (-4.5 por ciento), Sonora (-4.0 por ciento), Quintana Roo (-3.7 por ciento), Yucatán (-3.6 por ciento), Zacatecas (-3.4 por ciento), Ciudad de México (-3.4 por ciento) y Jalisco (-3.2 por ciento).
Por otra parte, aunque un menor crecimiento se traduce en menores incrementos de transferencias federales no etiquetadas, Moody’s destaca que entre 2014 y 2018 las participaciones tuvieron un crecimiento promedio favorable de 9.5 por ciento, correspondiente a un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) real promedio de 2.6 por ciento.
Moody’s explica que los estados y municipios también se benefician del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual cubre las diferencias entre las participaciones presupuestadas y las observadas en un año fiscal; esto es de 10 por ciento en 2019.
LOS AJUSTES EN LAS ENTIDADES. Las aportaciones representan cerca de 36 y 20 por ciento de los ingresos totales de los estados y municipios, respectivamente.
La agencia apunta que el desafío es superar las exigencias que acompañan la emisión de nueva deuda. Por ejemplo, la aprobación de dos tercios del congreso local para emitir nueva deuda de largo plazo y hay otros procedimientos administrativos que deben cumplir. Para endeudamiento de largo plazo por arriba de ciertos límites, las entidades deben de realizar un proceso competitivo.
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