La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos la reforma a la Ley de Hidrocarburos por afectar el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor del sector.
Lo anterior, detalló la Cofece, podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas.
Sostuvo que la reforma planteada desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la “seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.
Además, generaría incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas.
“Reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos”, manifestó.
La Cofece aclaró que si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro.
Además, la Iniciativa permite la revocación de permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma planteada, incumplan con este requisito, lo que constituiría una violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la oferta.
Por estas razones, “la Comisión recomendó al Congreso de la Unión no aprobar en sus términos esta Iniciativa”.
