El Estado mexicano no está en condiciones económicas para mantener el monopolio del litio, ni de crear una empresa paraestatal, como lo plantea la reforma a la Ley Minera; es más, significa una violación al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), coincidieron expertos.
En entrevista con La Razón, el coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Oscar Ocampo, expuso que la ley minera se aprobó “sin saber dónde estamos parados”, toda vez que ni siquiera existe certeza de dónde y cuántos yacimientos de litio existen en el país.
Por ello, aseguró que una alternativa es imponer a los privados una “fuerte” regulación en la explotación, así como altas tasas impositivas.
A ello se suma la necesidad de un alto costo de infraestructura para su exploración y en su caso explotación y producción; “Recursos que tendrían que salir del erario, al ser el Estado el único responsable”, dijo.
En otro momento, la directora del Imco, Valeria Moy, explicó que la Ley Minera es violatoria del T-MEC porque establece que no se pueden reservar minerales para la exclusiva exploración y explotación por parte del Estado, sin haber hecho la referida reserva en el tratado.
Ocampo expuso que los legisladores ignoran que mientras países como Argentina, Brasil y China producen, a través de privados, hasta 40 mil toneladas, Bolivia, que tiene el mayor yacimiento de litio comprobado, no produce nada.
“En 2020, de un mercado mundial de 86 mil toneladas, Argentina produjo alrededor de 40 mil toneladas, China 20 mil y Brasil 1.9 mil, mientras que México 36 toneladas, que es más o menos un tráiler, así es que México prácticamente hoy no existe en este mercado.
“Mientras que Bolivia, que tiene las reservas más grandes comprobadas, no ha producido nada porque está cerrado a la inversión privada y es el mismo modelo adoptado por México”, explicó el experto.
Recordó que en Bacanora, Sonora, la producción de litio podría alcanzar en 2023 unas 25 mil toneladas y en 2024 alrededor de 50 mil toneladas. Actualmente, la concesión la tiene la empresa china Ganfeng Lithium.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que luego de la aprobación de la Ley Minera, que nacionaliza la explotación del litio, se revisará la legalidad de los contratos de concesión otorgados a la empresa para explotar el metal.
La firma inglesa Bacanora Lithium firmó hace más de un año un acuerdo junto a la empresa china para realizar inversiones conjuntas en Sonora y con ello aumentar su participación en el proyecto de 22.5 por ciento a 50 por ciento, movimiento que fue autorizado por Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El órgano regulador resolvió sobre la solicitud de concentración, es decir, una fusión regulada, entre las empresas extranjeras Ganfeng International Trading (Ganfeng) y Bacanora Lithium (Bacanora), las cuales desarrollan una planta para explotar el litio en México. La facultad para otorgar las concesiones mineras es de la Secretaría de Economía (SE).
Banco Base subrayó que el litio es un recurso natural considerado de la nación, por lo que se busca su estatización y para lo cual, habría que contemplar recursos del sector público en el presupuesto de la Federación, principalmente para infraestructura, lo que aún no se contempla.
Estatizar el litio puede implicar un elevado costo de oportunidad para las empresas del sector privado que pudieran invertir, presionando a su vez a las finanzas públicas.
- El dato: En 1990 se dio la primera concesión para explotar Bacanora; en 2010 la empresa Bacanora Lithium adquirió los derechos por tan sólo 7 mdp.
