La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestaron su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y parte del empresariado respecto a la reforma al outsourcing.
A través de un comunicado conjunto los tres organismos pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicaron que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos formales.
Aseguraron que su aprobación en los términos en que está planteada, dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, y sindicatos firmaron un acuerdo para comenzar a regularizar el outsourcing en el país. A su vez, se solicitó al Congreso aplazar hasta febrero de 2021 el debate sobre la reforma.
"Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada", señalaron la Coparmex, el CNA y Canacintra.
También rechazaron que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
Indicaron que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades, como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.
"Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría. Queremos dejar en claro que estamos a favor de las practicas legales", aseguraron.
Finalmente, reiteraron su disposición de mantener el dialogo abierto con las autoridades para lograr una ley que priorice su posición en esta materia: regulación sí, prohibición no.