La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo federal para que sea ajustada la reforma que prohíbe el outsourcing, con el fin de evitar que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo por las empresas que no puedan acatar la normativa.
A través de la Señal Coparmex, el organismo patronal comentó que dicha población trabajadora es la que posiblemente aún esté vinculada a empresas que brindan servicios especializados de subcontratación y que no han logrado concluir la sustitución patronal o la inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).
La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, destacó que a la fecha cerca de un millón 600 mil trabajadores han abandonado el esquema de outsourcing.
Considerando la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de que en México hay 4.6 millones de trabajadores bajo el outsourcing, se han contratado a 34.6 por ciento del total.
El plazo para que entren en vigor los cambios fiscales concluye el 1 de agosto; mientras que el registro para el REPSE concluye el 23 del mismo mes, de acuerdo con lo establecido en la reforma al outsourcing.
Sostuvo que el sector patronal ha detectado complicaciones en los trámites. Por ejemplo, dijo que hay una falta de coordinación entre las autoridades administrativas en cuanto a la emisión de las opiniones de cumplimiento positiva se refiere.
En el caso del Infonavit, si bien emitieron resoluciones de carácter temporal para no obstaculizar el proceso de registro e inclusive brindando al solicitante para que en 60 días pueda regularizar sus adeudos, esto ha provocado un retraso para que las empresas obtengan su Constancia en tiempo y forma.
“No se distinguen aquellos servicios u obras especializadas de los servicios complementarios o compartidos prestados entre empresas de un mismo grupo corporativo y no han sido emitidos criterios definitivos que permitan a las empresas diferenciar aquellos servicios que son sujetos de registro ante el REPSE de aquellos que pueden considerarse de naturaleza mercantil o civil, provocando con ello una saturación en la plataforma y, por ende, una dilación en su operatividad”, indicó.
Destacó que las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma; sin embargo, el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos que se le dio al sector privado, donde existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno a quienes se les dio como concesión un plazo al 1 de enero de 2022.
Bajo este escenario, consideró pertinente que se amplíen los plazos para que todas las empresas puedan acatar la nueva normativa y no se perjudique a los trabajadores.
En este sentido, el senador Ricardo Monreal envió una propuesta para ampliar un mes el plazo para que las empresas cumplan con todos los trámites, del 1 de agosto de 2021 al 1 de septiembre próximo.
fgr