Durante el último año, cinco de cada 10 empresas en México fueron víctimas de corrupción al realizar algún trámite en el Gobierno, hecho alarmante para el sector, ya que, en 2023, este delito creció en 48 por ciento a causa de la falta de una estrategia que permitiera combatir adecuadamente este problema público.
Al presentar la Encuesta Nacional sobre Experiencias de Corrupción de Empresas, elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, destacó que este porcentaje es el más alto de los últimos seis años, ya que, en 2018, 39 por ciento de las empresas se vieron obligadas a pagar un soborno.
A los países con menos corrupción les ha llevado décadas lograrlo. La lucha contra la corrupción no es un programa anual o una campaña o un decreto, requiere un trabajo en el largo plazoJosé Medina Mora<br>Presidente nacional Coparmex
Y aunque en los primeros cuatro años del sexenio la tendencia iba a la baja, en 2022, los casos de corrupción aumentaron nueve puntos porcentuales; esto, derivado de la “incredulidad” de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la capacidad de otras instituciones para erradicar esta práctica que hoy en día afecta a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
“El Gobierno lo que ha hecho fue dudar de las capacidades de otras instituciones que están ajenas a su ámbito de acción para poder combatir la corrupción y en lugar de cooperar, de coordinar, ha habido esfuerzos unidireccionales para controlar la corrupción. En este sexenio ganó la incredulidad sobre el esfuerzo compartido” aseveró.
De acuerdo con los resultados, 59 por ciento de las empresas que experimentaron corrupción en el último año lo hicieron al realizar un trámite con los gobiernos estatales; mientras que en 55 por ciento de los casos estuvieron involucradas las autoridades municipales y 46 por ciento el Gobierno federal.
Además, del total de las unidades económicas del país que fueron víctimas de este delito, 73 por ciento no denunciaron por dos principales razones: la primera porque consideraron que no sirve de nada (73 por ciento) y la segunda por miedo a las represalias (38 por ciento). Ésta última causa es la que más preocupa, ya que entre 2022 y el año pasado subió 15 puntos porcentuales.
Por otro lado, de las que sí denunciaron (17 por ciento), sólo en cuatro por ciento sí se sancionó al responsable; pero en 50 por ciento de las denuncias no se inició ningún procedimiento legal.
A nivel nacional, seis estados están arriba por arriba de la tasa nacional: Baja California, con 67 por ciento; Puebla, 65 por ciento; Quintana Roo, 64 por ciento; Tlaxcala, 63 por ciento; y Sinaloa con 63 por ciento. En contraste, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro y Guanajuato fueron las entidades con menos reportes.
Entre los sectores que más reportaron corrupción están: transportes, correos y almacenamiento con 70 por ciento de los casos; minería, 57 por ciento; servicios inmobiliarios, 53 por ciento, agricultura, 53 por ciento; construcción y comercio al por mayor, 52 por ciento cada uno.
Hay que combatir la corrupción, porque nos conviene, le conviene a las pequeñas empresas que no haya, porque van a tener mayores ganancias y menos pérdidasMaría Amparo Casar<br>Presidenta de MCCI
Las empresas también reportaron que la principal causa por la que pagaron algún soborno fue el agilizar los trámites, con 59 por ciento; seguido por obtener permisos, 39 por ciento; y para evitar multas o clausuras, con 31 por ciento.
retrasa nearshoring. Además, mientras más grandes son las empresas, mayor es el costo que deberán pagar si se ven obligadas a dar un soborno. Es así que 61 por ciento de las grandes compañías reconocieron haber tenido que involucrarse en un acto de corrupción.
En este sentido, José Medina Mora destacó que el costo de la corrupción en el país es alto, ya que “desintensiva la llegada de nueva inversión extranjera”, al sostener que las empresas prefieren invertir en otros países como Honduras o Costa Rica ante los procesos lentos de la burocracia en México.
Ante esto, Leonardo Núñez, investigador de MCCI, explicó que una forma de crear una estrategia que le permita al país combatir este problema público es a través de cinco puntos: mejora regulatoria, disminución de cargas innecesarias, simplificación y digitalización de trámites, así como transparencia en las compras públicas y que éstas sean principalmente por licitaciones.
“Ley de Amnistía, en contra de derechos”
La Ley de Amnistía representa un retroceso en el avance que se ha tenido en la defensa de derechos humanos, ya que el darle la decisión a una sola persona, va en contra de la protección de los mismos, aseguró José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En entrevista con medios, indicó que al sector patronal no le parece adecuado ni la aprobación de la Ley de Amnistía, ni la de en materia de Amparo, al sostener que el limitar a los jueces en sus resoluciones no ayuda a la defensa de las personas que necesiten ampararse contra los abusos de autoridad.
“El hecho de que las decisiones se tomen de manera colegiada siempre es mejor, el darle la decisión a una sola persona, independientemente que sea el titular del Ejecutivo, no nos lleva a la defensa de los derechos humanos, entonces por eso nos parece que no es adecuado ni la Ley de Amnistía, ni la limitación que le ponen a la Ley de Amparo”, dijo.
