El Gobierno federal aseguró que desde el año pasado ha sostenido reuniones con las aerolíneas de carga, las cuales dieron paso al anteproyecto de decreto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a estas operaciones y sostuvo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cuenta con las condiciones para poder albergarlas.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aseguró que desde julio del año pasado se han realizado un total de 43 eventos con 61 grupos de la industria aérea de carga y dependencias gubernamentales federales para exponer la conveniencia de reordenar la carga nacional y extranjera del AICM.
Asimismo, mencionó que han coordinado 11 visitas a las instalaciones del AIFA para entender con claridad las necesidades para el inicio de operaciones; 20 mesas de trabajo con la industria para el seguimiento y atención de compromisos, y 12 reuniones específicas para conocer sus labores y mapear sus requerimientos determinados.
Pese a que el anteproyecto de decreto no señala a qué terminal aérea se busca mover las operaciones de carga, la SICT destacó que el AIFA cuenta con las condiciones para atraerlas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió ayer por la mañana que se encuentran en una labor de convencimiento con las empresas para que acepten sacar sus operaciones del AICM, y aseguró que “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, refiriendo que buscan llevar estos vuelos hacia Santa Lucía.
Para ello, aseguró que el acuerdo se está realizando con agentes aduanales dedicados al transporte de carga en aviones. “Se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar. Pero sí se está trabajando en ese sentido, porque sí hay una saturación en el Aeropuerto de la Ciudad de México”.
Aseveró que el AIFA ofrece la infraestructura y administración para agilizar los trámites de embarque y desembarque de carga, por lo que conminó a las empresas a aceptar la opción para llevar sus operaciones a dicha terminal.
“Tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren todos los que se dediquen a la aviación o al transporte de carga. Y se está llegando a este acuerdo con los directores de los dos aeropuertos, con aduanas, con todos y va a ser yo creo por consenso, no queremos imponer nada”, sostuvo.
En entrevista radiofónica, el subsecretario de Transportes de la SICT, Rogelio Jiménez Pons, admitió que el decreto no se relaciona totalmente con la finalidad de descongestionar la parte aérea del AICM, sino la parte terrestre; es decir, los camiones que llegan a la parte de carga de la terminal, con camiones que tardan hasta cinco horas esperando el turno para entrar.
“Ya la situación en la cuestión de la carga en el Aeropuerto es muy mala, no me refiero a la parte aérea, porque sólo impacta en el 3 por ciento de los aviones, no es significativo; el problema es en tierra, hay una acumulación de camiones que hacen una infinidad de colas en la parte posterior del aeropuerto”, afirmó.
La SICT refiere que más de mil vehículos de autotransporte de carga entran y salen del AICM, lo que ocasiona una congestión vial importante, mientras que en la Terminal de Carga del AIFA no se generarán dichas afectaciones y el movimiento de carga a ese aeropuerto contribuirá a que en el AICM se liberen las vialidades actuales, mejorando las condiciones de tránsito urbanas. Destacó que Santa Lucía tiene un acceso más directo a los recintos fiscales, con doble ingreso (entrada y salida de mercancía independiente), mayor capacidad en la ruta fiscal y revisiones más expeditas, debido a la transferencia electrónica de los pedimentos.
En tanto que las tarifas aeroportuarias están entre las más bajas del país —aterrizaje, estacionamiento y pernocta—, entre 41 y 52 por ciento menos que el promedio de los aeropuertos.
No obstante, las empresas cargueras objetaron a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que la migración de sus operaciones traerá consigo complicaciones en materia de logística, competitividad, normatividad, sguridad y de costos.
Por un lado, la carguera MAS señaló que el plazo de 90 días planteado por el Gobierno para realizar la migración debe modificarse a 180 días como mínimo, debido a que se llevan a cabo, actualmente, mesas de trabajo con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en las que se continúan revisando y atendiendo diversos trámites, además de que en dicho tiempo se logrará un proceso de migración seguro.
Añadió que es necesario que la autoridad garantice que antes de la migración no existirán obstáculos en el proceso de modificación a las autorizaciones de las rutas que actualmente se operan desde la terminal capitalina, para los aeropuertos que los operadores elijan, considerando desde luego, los vuelos en las rutas hacia Estados Unidos afectadas por la degradación de categoría.
Por su parte, Aerounion sostuvo que en los términos en los que se plantea el decreto, no se observan mayores beneficios que los costos que se pueden generar; no alcanza el máximo beneficio social y afecta la generación de empleos y la competitividad de las actividades comerciales relacionadas con las mercancías que diariamente llegan a la Ciudad de México por esta vía.
Destacó que una propuesta regulatoria de esta naturaleza tendrá un amplio impacto en la economía y un efecto sustancial sobre varios sectores específicos, que no sólo incluye a los concesionarios de carga, sino a proveedores, cadenas de suministro, comercios y consumidores finales; los cuales no formaron parte del Análisis de Impacto Regulatorio realizado por la Dependencia Responsable
En tanto, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) planteó modificaciones al anteproyecto de decreto, específicamente en el lapso otorgado para la migración de terminal, pasando de 90 a 360 días e insistió que, ante la degradación aérea, el decreto significará una desventaja competitiva de las aerolíneas nacionales frente a las extranjeras.
A estas posturas se añadieron la de Air France KLM y la de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Ésta última sostuvo que se obervarán sobrecostos por duplicidad de operaciones, además de inseguridad por robo de mercancias para las cargueras, más tiempo de transporte de mercancías, entre otros.
