Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deje de ser un órgano constitucional autónomo y se convierta en una unidad administrativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), El IFT y Ernesto Piedras Feria, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), coincidieron en que esta decisión representará un retroceso grave y preocupante, como en 1994, ya que sería retornar a la era donde no se tenía un corpus regulador para un sector como las telecomunicaciones.
En un comunicado, el IFT determinó que los cambios a la Constitución Mexicana serían un “resurgimiento de un modelo institucional” con limitaciones para que las personas usuarias tuvieran más y mejores servicios, y que sería un retroceso en “perjuicio de las personas usuarias y las audiencias”.
Y destacó que desde su creación ha sido reconocido como un órgano regulador de quinta generación y colaborativo, al haber permitido que las personas usuarias tuvieran más beneficios.
Destacó, por ejemplo que actualmente, la población de México paga 32.1 por ciento menos en servicios de comunicaciones que hace 11 años, a pesar de la inflación, o el aumento de personas usuarias de Internet, pues en 2013 no era más de 45 por ciento, en cambio para 2023, el 81.2 por ciento de la población era usuaria del servicio, entre otros.
El aún regulador señaló que seguirá trabajando para los usuarios de telecomunicaciones y las audiencias de radio y televisión, además solicitó que exista un diálogo y análisis para que “el país cuente con el diseño institucional que mejor favorezca el desarrollo, la competencia, la inclusión y la pluralidad, para que más mexicanos tengan acceso de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de calidad y a precios accesibles”.
Por su parte, Piedras Feria aseguró que el IFT logró mayor pluralidad en las telecomunicaciones, pues hace 10 años los precios eran estáticos y las empresas que compitieron contra América Móvil fueron las que promovieron la reducción de costos, lo que permitió que también invirtieran, que ofrecieran mejores servicios; no obstante, ante este “escenario de incertidumbre regulatoria” no habrá una promoción de la competencia efectiva, porque no tendrán “claridad” de tener los retornos de inversión.
El analista dijo que hay evidencia de que el IFT funciona siendo autónomo, además de la independencia y fortaleza que tiene este tipo de órganos, pero lo que ahora se pretende hacer es “no sólo reducirlo, sino erradicarlo”.
Aunque consideró que la regulación que ha hecho el IFT es adecuada, también reconoció que le faltó ser más asertivo y tomar medidas más efectivas para “acelerar la evolución hacia la competencia efectiva” cuando hizo revisiones anuales al agente económico preponderante (América Móvil). “Eran buenas, efectivas, pero yo hubiera querido un poco más de asertividad”, destacó.
Asimismo, mencionó que el regulador requería de mayor presupuesto y de más capital humano para realizar sus funciones, ya que no “estaba exenta de críticas, pero era la ruta adecuada”.
También refirió que el IFT fue un buen árbitro si se mide desde la cobertura, calidad y precio que hoy se ofrece en el mercado: ya que actualmente, la cobertura 4G y 5G llega a más de 96 por ciento de la población; en términos de precio, hace 10 años un minuto de prepago costaba 3.48 pesos, hoy es una fracción mínima, o un mega de navegación era imposible pagarlo, pero hoy, “los usuarios de prepago navegan durante todo el día”.
Extinción de Órganos Autónomos neoliberales. En la iniciativa con proyecto de decreto que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de Unión se propone que las atribuciones de los órganos constitucionales autónomos regresen a las dependencias federales; para el caso del IFT es porque “en la práctica el IFT no ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector, pese a su gigantesca estructura orgánica y los elevados salarios de sus comisionados”.
De acuerdo con el documento, en años anteriores, a los órganos constitucionales autónomos se les asignaron recursos que permitieron la existencia de una “burocracia dorada” y bajo el principio de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” se envió la iniciativa, porque en “los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal”.
La iniciativa señala que de 2018 a 2024, a los órganos autónomos se les asignaron recursos públicos por 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos, de esa cifra, sólo 11 mil 451 millones fueron para el IFT.
“Con el propósito de tener una perspectiva clara de la problemática, el presupuesto total otorgado a los organismos anteriormente señalados, de 2018 al 2024 equivale a 5 millones 385 mil 591.03 Pensiones Bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”, señala el proyecto.
En ese sentido, la iniciativa plantea que para acabar con lujos, gastos superfluos y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales que les son otorgados, sus recursos deben ser destinados “al combate a la desigualdad social, al desarrollo y la construcción de un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz”.
