El siguiente año el país puede enfrentar una desestabilización en sus finanzas públicas, ya que los recursos que tiene el Gobierno se están destinando a proyectos que no le generan réditos, por lo cual se buscó eliminar los 109 fideicomisos, coincidieron analistas.
Gabriel Pérez del Peral, académico de la Universidad Panamericana, explicó que el Gobierno federal tiene un problema de ingresos que no quiere reconocer, por eso es que recorta el presupuesto en dependencias, entidades gubernamentales y actualmente busca el dinero de los fideicomisos.
“El contexto de la cancelación de fideicomisos está en que necesita recursos para los proyectos y las productoras del Estado. La economía está cayendo en forma vertical y la recaudación también. Para el próximo año no hay nada que garantice que se van a tener recursos para sus megaobras”, explicó en entrevista con La Razón.
Ernesto O’Farrill, presidente de Casa de Bolsa Bursamétrica, abundó en que, si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado una buena estrategia de recaudación al enfrentar a las empresas factureras y a los grandes contribuyentes, la recaudación también tiene un límite.
De acuerdo con el reporte de finanzas públicas y deuda pública a agosto de 2020, que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos presupuestarios en los primeros ocho meses del año acumularon 3.5 billones de pesos, lo que representa una caída anual de 2.3 por ciento.
Los ingresos tributarios registraron de enero a agosto 2.2 billones de pesos, una baja anual 0.5 por ciento. A detalle, el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) se contrajo 1.8 por ciento; el Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) se redujo 5.2 por ciento; y Sobre la Renta (ISR) creció 1.1 por ciento.
“Lo que está pasando es que hay un intento desesperado del Gobierno por hacerse de esos fondos (fideicomisos), porque se subió el gasto social de forma muy importante y se perdió la confianza de los inversionistas. Además, la economía se fue para abajo desde el año pasado y eso hace que la recaudación también se vaya para abajo”, señaló O’Farrill.
Luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, asegurara que los beneficiarios de los fideicomisos no iban a dejar de recibir esos recursos, el presidente de Casa de Bolsa Bursamétrica agregó que les va a costar más dar esos recursos en un momento donde cuentan con un presupuesto escaso.
“Ya de por sí es exagerada la austeridad que está aplicando este Gobierno, la operatividad del propio Estado ya se está viendo afectada”, dijo.
Si se aprueba la extinción, modificación o ajuste de 109 fideicomisos el día de mañana por parte de la Cámara de Diputados, entre los cuales se encuentran fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Fondo Minero, para promover el acceso al financiamiento de MiPymes y emprendedores, para el cambio climático, de Desastres Naturales, etc; el Gobierno dispondría de 68 mil millones de pesos, aproximadamente.
Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil de Monex, coincidió en que los recursos del Gobierno son cada vez más limitados en torno a la menor actividad económica, por lo que está en dificultades para hacer frente a sus programas sociales y proyectos insignia.
Refirió que es necesaria la transparencia para saber cómo y a dónde se van a destinar los recursos en caso de la desaparición de los fideicomisos, así como de su asignación a los beneficiarios para no agravar la situación actual del país.
En suma, los tres analistas manifestaron la necesidad de contar con una reforma fiscal para incentivar la recaudación en el país. O’Farrill indicó que sí es posible que ésta sea amigable con la inversión y el empleo, pero alertó que es probable que la reforma no ataque la informalidad.
Pérez del Peral proyectó que será hasta el segundo semestre de 2021 cuando se presente una reforma fiscal, ya que hacerla antes de las elecciones “no sería popular”.
