La divulgación del proyecto de decreto que busca reformar las disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, en las que se contempla el cabotaje -aerolíneas extranjeras operen rutas domesticas-, estaría beneficiando a firmas de Panamá, Chile y Venezuela, en detrimento de las líneas aéreas mexicanas quienes en el mediano plazo podrían perder hasta el 50 por ciento del segmento que tienen actualmente.
Rogelio Rodríguez, analista del sector aéreo, explicó a La Razón que si bien la propuesta enviada al Congreso por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador buscaría desarrollar rutas que no están siendo atendidas, en el largo plazo podría significar que entren a participar en aquellas que sí funcionan.
“Como queda en una situación discrecional de que se autorizarán en rutas que no están suficientemente atendidas, se va a ir interpretando que ninguna (está lo suficientemente atendida) entonces van a entrar a todas, porque lo que he mencionado es que tenemos un déficit de servicios aéreos”, destacó.
La reforma contempla que el cabotaje se dé tomando en consideración objetivos y capacidades, en rutas que faltan por atender, por lo que se percibe que la idea es que el Gobierno se reservaría el autorizar a aerolíneas extranjeras sólo en aquellas que se requieren desarrollar; no obstante, Rodríguez señaló que eso, difícilmente, se lograría en los próximos 20 años, debido a que no hay un desarrollo de la propia ruta para que un operador mexicano la tome.
Ante esto, el experto comentó que también se percibe que el Gobierno haya tomado la decisión como una medida social, como lo ha externado en diversas ocasiones el mismo Presidente; sin embargo, la participación de las empresas extranjeras bajo esta premisa, estaría sujeta a incentivos a esas compañías.
“Abre la posibilidad de que las líneas extranjeras puedan ser autorizadas para operar estos servicios que no están siendo atendidos, pero el problema es que difícilmente una línea extranjera puede venir a hacer un apoyo social. Cuál es el incentivo de que venga a hacer una labor social, cuando si tuvieran que hacer eso lo harían en sus propios países para apoyar a sus gobiernos”, mencionó.
Así, estimó que Copa Airlines sería una de las empresas beneficiadas, ya que lo que busca es crear una red de conectividad hacia Panamá, con su hub de Las Américas. “Entonces a ella sí la veo fingiendo hacia el Gobierno mexicano que lo apoya en sus rutas sociales para seguir tomando el mercado mexicano en beneficio”.
El cabotaje es una medida que está regulada a nivel internacional desde 1944-1945, y es una política que han aceptado muchos países en el mundo; sin embargo, en el artículo 7 de este Convenio de Aviación Civil Internacional, se establece como una herramienta para negar el cabotaje, para que un país no se vea presionado por potencias de mayor fuerza económica a tener que aceptar a aerolíneas a operar los servicios domésticos.
Al respecto, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) externó su procupación ante la medida, en la que reiteró su disposición para encontrar soluciones que permitan la recuperación de la Categoría 1 de seguridad aérea, con la finalidad de incentivar el “desarrollo de la aviación y promuevan el aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria sin poner en riesgo la pérdida de miles de empleos”, además del crecimiento económico y social del país.
De la misma manera, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), abre la puerta para que esas aerolíneas extranjeras perjudiquen a la aviación mexicana pues tomarán las rutas rentables, no las que el Gobierno les ofrezca y, con menos rutas mexicanas, menos trabajo para los mexicanos.
Aseguró que en la historia de otros países que permitieron el cabotaje se demuestra que en el mediano plazo también se afecten los intereses de los usuarios del transporte aéreo, es decir, de los propios pasajeros.
