La iniciativa de reforma en materia de pensiones que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador carece de una fuente de financiamiento disponible, permanente y sostenible que le dé viabilidad, expuso el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Para tal efecto, el proyecto contempla la creación de una partida semilla denominada Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuya aportación inicial fue estimada en 64 mil 619 millones de pesos, suficiente sólo para cubrir el primer año de la nueva obligación, de acuerdo con las estimaciones realizadas, expusieron los ejecutivos de finanzas.
Según sus proyecciones, en el primer año de esta reforma se requerirían cerca de 50 mil millones de pesos.
Sin embargo, la entrada en vigor, en caso de ser aprobada la iniciativa, se condiciona a la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyas fuentes de recursos, en su mayoría, no son disponibles de manera inmediata y no constituyen una fuente permanente de ingresos, por lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de la propuesta.
Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, comentó que el proyecto se encuentra acotado a trabajadores formales inscritos al IMSS y al ISSSTE, afiliados a partir de julio de 1997 y marzo del 2007, respectivamente (Generación Afore), siempre que cumplan con los requisitos necesarios para pensionarse a los 65 años conforme a la respectiva ley (pensión de vejez), quienes se verían beneficiados con el pago de un complemento a cargo del Gobierno federal para lograr una pensión al 100 por ciento de su último salario, con un límite equivalente al salario promedio cotizado ante el IMSS actualizado, que para 2024 es de 16 mil 777.68.
“De aprobarse las iniciativas presentadas por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero, se tendrá un escenario preocupante para las finanzas públicas y para el régimen democrático del país ante la desaparición de organismos autónomos”, señaló José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF.
Por ello, el instituto exhortó al Congreso de la Unión a evaluar dichas propuestas, porque varias de ellas tienen un costo fiscal creciente e inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas.
“De igual forma, se pide que todas las fracciones parlamentarias privilegien el interés público, el cual debe estar por encima de fines partidistas”, señaló.
