El tope de precios que impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al Gas LP provocó que dejaran de operar 10 por ciento de las 35 mil rutas de distribución que se tenían en el país, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas (Amexgas).
A través de un comunicado, señaló que las mil 292 plantas de distribución de todo el país enfrentan condiciones adversas que imposibilitan mantener la cobertura geográfica y el nivel de servicio que requiere la población consumidora.
Estas condiciones, dijo, provocó el cierre de rutas de reparto, desempleo y falta de inversiones estratégicas para garantizar el abasto a nivel nacional.
En México hasta hace un mes existían 35 mil rutas de reparto y cuatro mil 700 estaciones de servicio, mediante las cuales se realizaban más de un millón de servicios diarios en los hogares, en ciudades, rancherías, así como en comercios, hospitales, tortillerías, panaderías, hoteles, restaurantes e industrias. Se estima que ya han cerrado aproximadamente 10 por ciento del total de las rutas en el país, situación que podría agravarse en los próximos díasadvirtió la Amexgas.
La asociación agregó que el modelo económico de precios máximos que establece la CRE debería reflejar la realidad de los costos de operación de las empresas distribuidoras para evitar que se sigan cerrando más rutas, pues de no hacerlo, se podría afectar el suministro en 80 por ciento de los hogares mexicanos y en millones de pequeñas y medianas empresas.
De continuar operando con un modelo de precios alejado de la realidad económica, se incrementa sustancialmente el riesgo de continuar eliminando zonas de reparto por la incosteabilidad económica, generándose con ello más desempleo, menos inversiones en infraestructura, más desabasto y fomentando con este escenario el incremento del robo de gasapuntó.
Por ello, consideró que es necesario realizar operativos para combatir la distribución ilícita, construir un modelo económico y operativo sustentable y con bases realistas y fundamentalmente brindar las condiciones de certeza jurídica y certeza económica.
