Onexpo Nacional consideró que las reformas a la Ley de Hidrocarburos requieren, para su aplicación y cumplimiento, de adecuaciones reglamentarias que definan procedimientos que subsanen aspectos de alta subjetividad presentes en el texto aprobado.
La unión de 43 asociaciones de empresarios gasolineros en las 32 entidades del país subrayó que como toda norma, la Ley de Hidrocarburos debe ser de aplicación general y ofrecer certeza jurídica a las operaciones de los particulares como sujetos obligados.
“Es por ello indispensable se realicen las adecuaciones reglamentarias apegadas a principios de legalidad, objetividad, transparencia, gradualidad y proporcionalidad en su aplicación”, agregó en un comunicado respecto a la Ley de Hidrocarburos que entrará en vigor mañana, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este martes.
Refirió que tras un análisis detallado del texto aprobado por el Congreso de la Unión sobre la Ley de Hidrocarburos, le permitió detectar y precisar indefiniciones de procedimientos y vaguedades notoriamente manifiestas en relación con la figura de suspensión y/o revocación de los permisos, así como la exigencia de infraestructura y capacidades de almacenamiento como requisito previo para el otorgamiento de permisos.
Asimismo, en el trato que deberá darse a proyectos de inversión realizados o en proceso, bajo condiciones legales que se desconocen y quedan sujetas a la libre interpretación de las nuevas disposiciones, principalmente las establecidas en los artículos transitorios de la Ley de Hidrocarburos.
La Onexpo Nacional solicitó a la Secretaría de Energía, responsable de la política energética del país, así como a las autoridades e instituciones encargadas de instrumentar la reforma a la Ley de Hidrocarburos, abrir un espacio de audiencia conveniente y expedito.
Esto, para que permita definir y conocer el alcance y obligaciones de los permisionarios, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, en relación con los contenidos de las partes aludidas y que requieren procedimientos y definiciones regulatorias específicas.
Los temas que enumera la organización para ello son: suspensión de permisos; otorgamiento de permisos y causales de revocación; inversiones, administración y operación de permisos suspendidos; regulación asimétrica (aprobado por el Congreso y en proceso de promulgación) y mercado ilegal de hidrocarburos.
“Consideramos que urge impulsar proyectos donde converjan Gobierno e iniciativa privada bajo reglas y acuerdos claros en la Ley de Hidrocarburos. Ni el Estado ni el mercado, garantizan por separado la reactivación económica, la creación de infraestructura estratégica, el crecimiento y el desarrollo con generación de empleo y bienestar social”, sostuvo.
