El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la reforma eléctrica del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reducirá la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas; dañará al medio ambiente y atentará contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional.
Agregó que de aprobarse, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación. Asimismo, deberán asumir el costo ambiental de apostar por combustibles fósiles en un mundo donde la descarbonización se ha vuelto la norma, y enfrentar las consecuencias de ser un país con menores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, apuntó.
En un comunicado, el IMCO señaló que la iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limita la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano, además de que desmantela la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual.
“El espíritu y letra de la propuesta es revertir la apertura del sector eléctrico al garantizar el 54% de participación de mercado de generación eléctrica a la CFE a costa de la inversión privada. Asimismo, pretende eliminar el andamiaje institucional que permite el funcionamiento del mercado al desaparecer a los órganos reguladores del sector energético –la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)– y al integrar el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE. La reestructuración implicaría la eliminación de la separación horizontal y vertical de la empresa en subsidiarias y filiales para reconcentrar las actividades del sector eléctrico en el antiguo monopolio del Estado y desaparecer, en los hechos, el mercado eléctrico mayorista (MEM).”, destacó
La iniciativa retoma elementos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso en marzo de 2021 –actualmente suspendida por litigios en el Poder Judicial–, pero va aún más allá al eliminar a los órganos reguladores y al operador del MEM para incorporarlos a la estructura de la CFE. De aprobarse -explicó el IMCO- la reforma convertiría a la CFE tanto en regulador sectorial como operador del sistema, a la vez que se mantiene como un participante del mercado.
"En otras palabras, la empresa tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen", abundó.
Agregó que la exposición de motivos subraya la intención de fortalecer a la CFE independientemente de consideraciones económicas o ambientales. Establecer un umbral de forma arbitraria para que la CFE mantenga una determinada participación en la generación eléctrica "significa un retroceso para la eficiencia de la empresa al obligarla a generar energía más costosa que la producida por sus contrapartes privadas".
Fortalecer a la CFE pasa por reconocer que la empresa no tiene los recursos para ser el único jugador en todos los eslabones de la cadena de valor de la electricidad –generación, transmisión, distribución y comercialización– y priorizar aquellos segmentos que le generan mayor rentabilidad, como sus monopolios legales en transmisión y distribución eléctrica y su negocio de compraventa de combustibles. La iniciativa, en lugar de fortalecer a la empresa, la debilita al obligarla a realizar actividades en las que pierde recursos.
Para el IMCO, en un contexto de recuperación económica, la apuesta de México debe ser por incrementar la competencia y la inversión. No obstante advierte que esta iniciativa eleva los costos de la energía eléctrica y limita las libertades de los ciudadanos, daña el medio ambiente al apostar por los combustibles fósiles, y desincentiva las inversiones al cancelar los permisos de generación privados de forma retroactiva. Todo ello en detrimento del Estado de derecho y de la competitividad del sector y del país.
Países que rechazan la transición energética pierden competitividad
“Los países que rechazan la transición energética pierden competitividad. Se requieren políticas públicas y regulación que se adapten a un ecosistema de descarbonización y la electrificación de la economía. El Estado no puede ser el único actor a cargo de la transición energética”, señaló.
Finalmente consideró que el debate parlamentario deberá estar fundamentado en datos y evidencia, con la participación de todas las partes involucradas. De aprobarse, esta iniciativa elimina la posibilidad de aspirar a tarifas competitivas y energía limpia para los hogares y el sector productivo y representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo.
LRL
