En este 2022, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) resultó el mayor “dolor de cabeza” para la economía nacional, donde indudablemente la población más vulnerable ha pagado este caro impuesto, toda vez que fue el precio de los alimentos el que más se disparó.
Al inicio del año, durante la primera quincena de enero, el indicador se ubicaba en 7.13 por ciento, pero a lo largo del año se fue incrementando hasta alcanzar un pico de 8.77 por ciento en la segunda quincena de agosto, el más alto en los últimos 20 años en el país.
A partir de ese momento, el incremento de precios empezó a ceder aunque de manera marginal. En la primera quincena de septiembre bajó a 8.76 por ciento, pero para el cierre de noviembre había retrocedido a 7.80 por ciento a tasa anual; siendo la más baja en los cinco meses anteriores y la menor para un noviembre desde 2015.
En esta disminución, ayudó la baja en precios de productos agropecuarios y energéticos, principalmente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalaron hace unos días que la inflación en los países de América Latina y el Caribe pone en peligro la seguridad alimentaria de la región, afectando a la población que se encuentra en creciente pobreza extrema y generando hambruna.
“Este comportamiento de la inflación de alimentos agudiza el riesgo de problemas de acceso a una dieta salufable, inseguridad alimentaria y hambre porque afecta más a los hogares de menores ingresos” sostuvo José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Cepal.
Si bien en México se comenzó a desacelerar la inflación, la preocupación continúa latente, luego de que el índice subyacente, que marca la tendencia de corto y mediano plazo, sigue en niveles elevados.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su habitual conferencia de prensa del pasado 9 de diciembre que en un reunión sostenida con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) expuso que su mayor preocupación era bajar el índice para evitar afectar a los que menos tienen.
“Los empresarios me preguntaron que cuál era mi preocupación y dije que la inflación es la que tenemos que cuidar, porque eso sí afecta mucho la economía popular”, resaltó.
Y es que la inflación subyacente apuntó su mayor alza mensual para un mes de noviembre desde 2008, influida, principalmente por los incrementos en vivienda, restaurantes y alimentos procesados, como la leche y la tortilla.
Es importante recordar que este componente inflacionario es el que determina la trayectoria del indicador en el mediano plazo; de ahí la preocupación de los analistas, que si bien, estiman que la inflación general seguirá moderándose en los siguientes meses, aún continuará en niveles elevados para 2023.
Por ejemplo, BX+ prevé que el índice subyacente mostrará cierta renuencia a disminuir ya que enfrenta ciertos riesgos al alza por la latencia de los conflictos geopolíticos que pueden provocar nuevas afectaciones en las cadenas de suministro y en la cotización de las materias primas.
Aunado a la contaminación de las expectativas de precios para el corto y mediano plazo, las presiones salariales, luego del incremento al salario mínimo de 20 por ciento para 2023 y finalmente por el ajuste monetario de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, que puede producir episodios de volatilidad cambiaria.
Por lo anterior, los analistas estiman que el Banco de México (Banxico) lleve la tasa de interés hasta 10.50 por ciento al cierre de este año y posiblemente hasta 11.0 por ciento en el primer trimestre del 2023.
En el informe trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre 2022, el Banxico señaló que la inflación general y la subyacente continúan resintiendo los efectos de los choques de la pandemia y del conflicto bélico en Ucrania.
Pacic y Apecic, el esfuerzo del gobierno
Durante 2022 y como estrategia del Gobierno federal para enfrentar los altos precios, se pusieron en marcha dos programas, el primero, el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), inició el 4 de mayo.
Constó de tres estrategias: de producción, de distribución y de comercio exterior para contener el aumento de precios en 24 productos de la canasta básica que representaban 46% de la inflación de los alimentos.
Posteriormente, el 3 de octubre, lanzó una segunda fase con el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) que busca bajar en 8.0% el precio de la canasta básica, al pasar de mil 129 pesos, a mil 039 pesos.
En la firma del nuevo acuerdo participaron 15 empresas industrializadoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos que se comprometieron a mantener los precios de algunos de sus productos que forman parte de la canasta básica.
Ambos programas son voluntarios, razón por la que ha sido cuestionada su efectividad.
La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, informó que se analizan cupos y cuotas compensatorias de diversos alimentos de la canasta, como una estrategia adicional.
