El 1 de enero próximo entran en vigor iniciativas que han generado incertidumbre en la Iniciativa Privada; por un lado, comenzará a operar la Reforma Penal Fiscal, que busca aumentar la recaudación; así como el incremento de 20 por ciento en el el salario mínimo, que fue anunciado hace unos días por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Para el empresariado, éstas representarán mayores gastos y absorción de riesgos que no abonan a la confianza del país, misma que provocó una baja inversión y que este año se estime cerrar con un estancamiento económico.
El dato. Especialistas consideraron que el Gobierno “satanizó” el esquema laboral outsourcing, cuando sus dependencias fueron las principales beneficiadas de ese esquema de subcontratación.
En entrevista para La Razón, Juan Pacheco del Rio, miembro del Colegio de Contadores Públicos, explicó que hay elementos para que el siguiente año se tenga un mejor desempeño económico, proyectado hasta 1.0 por ciento, según algunos analistas. Sin embargo, también vio que 2020 se torna un ambiente complicado, por lo que consideró que la Iniciativa Privada deberá actuar con mayor eficiencia.
Por un lado, comentó que el salario mínimo provocará costos a las compañías, que tendrán que ser absorbidos por ellas mismas, lo que implica una mayor alza de los gastos. “Los tendremos que manejar nosotros de forma eficiente, ya que el aumento no fue por productividad, sino por decreto presidencial. Llevamos varios años con un salario que no refleja la productividad y esto automáticamente aumenta los costos para nosotros”, aseveró.
En este sentido, dijo que si una empresa no vende y no puede subir los precios ante una baja demanda, porque no hay gente que quiera comprar sus productos, está obligada a restringir su fabricación y recortar plazas laborales. “La inflación debe seguir controlada, y no creo que suba, porque la baja demanda no propiciará su crecimiento. Esto junto abona a la desconfianza que hay entre los inversionistas”.
Añadió que sí habrá una afectación en el empleo, sobre todo en el sector informal, donde están 70 por ciento de los mexicanos, ya que ahí no existe el salario mínimo. Sin embargo, descartó que se provoquen despidos masivos; pero sí afirmó que el empresariado nacional deberá hacer un análisis de su plantilla laboral. “Ésa es la parte donde va a estar el ajuste, del sector informal”.
Asimismo, la entrada en vigor de la Reforma Penal Fiscal, que busca subir las contribuciones, es un factor que pone nerviosismo a la IP. “Viene mucha más presión para los empresarios que estamos en el sector formal, no se amplía la base que se ha pedido. Venimos de un ambiente que estamos acostumbrando de no pagar los impuestos completos, la autoridad ha hecho su tarea, tiene herramientas para fiscalizar, porque van a recaudar”, apuntó.
Pese a que aún no entra en vigor la Reforma Penal Fiscal, ésta ya recaudó dos mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A detalle, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, explicó que siete empresas pagaron más de dos mil millones de pesos. “Estas empresas estaban conscientes de lo que estaban haciendo.”, aseguró. El miembro del Colegio de Contadores Públicos sostuvo que se tienen medidas mucho más violentas y específicas, ya que con la palabra penal se habla de sanciones que merecen cárcel.
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