En el próximo año y medio, México podría enfrentar las primeras consecuencias de implementar la reforma eléctrica, pues los tratados internacionales permiten iniciar procesos de consultas ante agravios aún cuando la propuesta no esté avalada, señaló Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
Durante el “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica y sus impactos al bienestar”, que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el experto indicó que la reforma implicaría cerrar el mercado energético en el cual los privados ya están participando, por lo que esta violación traerá consecuencias con socios comerciales.
“El resultado práctico de lo que esta reforma estaría proponiendo es dañar las inversiones, cancelar las que ya había y disminuir el valor de las empresas. Si hay un país que considere que vale la pena llevar a México a un proceso de Solución de Controversias, la verdad es que ya lo podrían hacer, porque los tratados consideran que no es necesario que la medida entre en vigor para que se pueda iniciar un proceso de consultas, se puede hacer con anticipación”, señaló Juan Carlos Baker.
Aclaró que por el lado de cada compañía también pueden ejecutar acciones y solicitar un procedimiento de arbitraje. Ambas opciones, dijo, tienen los suficientes argumentos para ser tomadas en serio en sus demandas hacia cortes internacionales.
“En términos de procedimiento, en el caso del T-MEC, se tendría que ir a lo que se establece en el capítulo 31, un proceso de Solución de Controversias, que si llegara a tener todos los pasos correspondientes y tiempos, debería durar un año o año y medio máximo”, precisó.
En el mismo evento también participó María José Treviño, directora general de México en Acclaim Energy, quien coincidió en que si la reforma se aprueba puede generar un nivel significativo de incertidumbre legal, así como arbitrajes internacionales y demandas bastante costosas por inversionistas y por consumidores que ya cuentan con activos o con contratos de suministro privados.
La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del PRI, Claudia Ruiz Massieu, comentó que la iniciativa implicaría un retroceso en términos jurídicos, porque conllevaría volver a un sistema cerrado.
EASZ
